¿Golpe de Estado en Bolivia?

La sucesión de hechos contrarios al derecho, producidos durante esta última semana, en Bolivia, debe obligarnos a reaccionar a los países democráticos del mundo, y, señaladamente, a los latinoamericanos. Según la información pública, el gobierno de Estados Unidos, habría retirado la visa de su país al Fiscal General de Bolivia, Mariaca, quien estaba investigando el presunto intento de feminicidio contra Nadia Beller, por parte de su pareja, Fernando Cerimedo, argentino, quien actuaba como asesor del Presidente de Bolivia, y, al parecer, es agente de la CIA, y estaría interviniendo, en favor de la ultraderecha, en los procesos electorales latinoamericanos.

El retiro de la visa al Fiscal General, y a otros, desencadenó otros hechos que parecería estaban calculados: que el Fiscal General fuera detenido, al parecer, secuestrado por la propia Policía, sin órdenes legales. Después de los hechos, el Ministro de Gobierno, trata de justificar lo ocurrido, sin presentar prueba alguna. El Departamento de Estado -en una suerte de admisión de su responsabilidad- publica su respaldo al gobierno de Bolivia. Luego, el Vicepresidente y, a la vez, Presidente del Congreso de Bolivia, hace una defensa del Estado de Derecho, y de la estabilidad del Fiscal General, quien sólo puede ser designado por el Congreso. La sobreviviente del atentado contra su vida, abogada Nadia Beller, luego de decir que, “policías allanaron Fiscalía sin orden judicial, van a desaparecer las pruebas contra Cerimedo”.

Esta breve síntesis de lo ocurrido en Bolivia, tal como la comprendo, y cuyo conocimiento se está extendiendo como fuego en la pólvora, debe llevarnos a algunas reflexiones a todos los latinoamericanos:

La cancelación de la visa americana, no puede conducir a que en nuestras repúblicas se produzcan quebrantamientos de nuestros órdenes constitucional y legal y a la destitución, casi automática, de los funcionarios a los que USA ha cancelado la visa. Si hay indicios de responsabilidad, pues, hay que seguir el procedimiento establecido por nuestras constituciones y leyes. Recuerdo que, a un ex presidente colombiano se lo acusó de que, en la financiación de su campaña, se habían detectado fondos ilegales -cosa que puede pasar, sin conocimiento del candidato-, pero el ex presidente cumplió su período.

En el presente caso, se ha secuestrado al Fiscal General, Mariaca, quien inició la acusación contra Cerimedo, y pidió su encarcelamiento por intento de feminicidio; y quien ha sido, a la vez, el encargado de la manipulación de las campañas electorales de la extrema derecha. Resulta que, en Venezuela, también, se secuestró al Presidente y su esposa, también una luchadora política. No podemos institucionalizar lo ilegal: el secuestro. Fue la Policía -así aparece- la que decidió y ejecutó la intervención en la Fiscalía General. La explicación del Ministro fue posterior y nada justificó sobre la ilegal intervención. Pero, pienso yo, por experiencia, que una decisión tan trascendental, como la de remoción arbitraria del Fiscal General, solo puede ser tomada por la máxima autoridad del Gobierno, su Presidente y, probablemente, para no contrariar al gobierno de USA, que dispuso el retiro de la visa.

Este sacudón tendrá su efecto en el análisis de las campañas en las que triunfaron lo candidatos de ultraderecha. Fernando Cerimedo lanzó una amenaza apocalíptica: Si no me dejan libre, caerán muchos gobiernos de derecha. Parece decidido a todo, pero cayó ante el valor de una mujer que, impertérrita ante el peligro que corre, sigue presentando pruebas sobre el entramado de los hilos del poder.

Todo este escándalo, afectará al Plan del señor Trump sobre el Escudo de las Américas, y le moverá al Secretario Rubio a no calificar a los países de Latinoamérica como “alineados”.