Luis Córdova sobre el crimen en Ecuador: "La violencia cambia los códigos morales del Estado"

Las estadísticas del Ministerio del Interior muestran que el Ecuador pasó de 4.085 homicidios intencionales entre enero y mayo de 2025 a 3.485 durante el mismo período de 2026, una disminución cercana al 15%. Sin embargo, ese resultado lo convierte en el segundo inicio de año más violento de la historia reciente del país.

Luis Córdova, director del programa de investigaciones Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador (UCE), hace un análisis sobre si los ecuatorianos han normalizado la violencia, así como del deterioro de las instituciones, la expansión del mercado ilegal de armas y la disponibilidad de mano de obra joven han reducido los costos de usar la fuerza para resolver conflictos.

¿Los ecuatorianos han normalizado la violencia o están aprendiendo a convivir con ella?

Yo haría una distinción importante. Hablar de que la violencia se ha ‘normalizado’ puede resultar impreciso. Hay sectores del país, especialmente en el Litoral y en algunas zonas de la Amazonía, donde operan economías ilegales como la minería, que llevan años viviendo bajo regímenes locales de violencia organizada. Allí las personas no aceptan voluntariamente esa realidad, sino que están sometidas a dinámicas de coerción que condicionan su vida cotidiana.

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¿Cuándo una sociedad empieza realmente a incorporar la violencia como parte de su comportamiento cotidiano?

El problema se vuelve mucho más profundo cuando la violencia deja de ser exclusiva de las organizaciones criminales y también es ejercida desde el poder público. Cuando quienes deberían garantizar la legalidad actúan al margen de la institucionalidad, utilizan la violencia bajo el argumento de combatir el crimen organizado o instrumentalizan las instituciones para obtener beneficios políticos, el Estado comienza a construir un nuevo patrón moral. El Estado existe porque genera consenso alrededor de reglas compartidas. Si esas reglas pasan a justificar abusos de poder o el uso arbitrario de la fuerza, entonces la violencia organizada y el abuso institucional empiezan a convertirse en referentes aceptables. Ese es un cambio extremadamente peligroso porque modifica la forma en que la sociedad entiende la resolución de los conflictos.

¿Qué consecuencias tiene para la seguridad del país que las extorsiones, los atentados o los sicariatos formen parte de la rutina cotidiana?

El primer impacto es que disminuye el costo de utilizar la violencia para resolver conflictos. Hoy conseguir armas resulta más sencillo y contratar sicarios también es mucho más barato que hace algunos años. Esto ocurre porque el mercado ilegal de armas se ha expandido y porque existe una gran cantidad de jóvenes sin empleo ni oportunidades que terminan convirtiéndose en mano de obra disponible para estas actividades criminales. Cuando las instituciones dejan de ser vistas como mecanismos eficaces para resolver disputas y la violencia aparece como una alternativa rápida y accesible, aumenta el riesgo de que cada vez más personas recurran a esos mecanismos.

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¿Qué efectos tiene este contexto sobre las nuevas generaciones?

El impacto es enorme porque modifica la manera en que niños y adolescentes se relacionan con su entorno. Cuando predomina una percepción constante de inseguridad, las familias limitan la presencia de los menores en parques, calles o espacios públicos y trasladan su socialización hacia espacios cerrados como las viviendas o centros comerciales. Además, muchos jóvenes comienzan a desarrollar una lógica permanente de autoprotección y defensa personal frente a una realidad que perciben como amenazante. Es decir, la violencia no solo cambia las estadísticas del delito; también cambia la manera en que una generación aprende a convivir con el mundo.

Más allá de la seguridad ciudadana, ¿qué implicaciones políticas tiene vivir bajo un clima permanente de violencia?

La violencia genera dos emociones muy poderosas: incertidumbre y miedo. Cuando una sociedad vive bajo esos estados emocionales, resulta mucho más fácil imponer decisiones públicas sin deliberación, aprobar reformas sin suficiente debate o fortalecer prácticas autoritarias. Por eso el problema no es únicamente la criminalidad. También debemos analizar cómo el miedo puede convertirse en un recurso político para gobernar.

¿La aparente disminución de la reacción ciudadana frente a hechos violentos puede desalentar las denuncias?

Lo que realmente inhibe la denuncia no es que las personas se acostumbren a la violencia, sino la profunda desconfianza hacia las instituciones de seguridad. En Ecuador, especialmente en zonas de Guayaquil afectadas por la extorsión, muchas víctimas prefieren no denunciar porque consideran que existen policías vinculados con las propias redes criminales.

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¿Qué indicadores deberían preocupar al Estado para evitar que esta violencia se convierta en una conducta socialmente aceptada?

La verdadera pregunta es si existe voluntad política para modificar este escenario o si resulta más rentable gobernar en un contexto dominado por el miedo y la incertidumbre. Si realmente se quisiera revertir esta situación, el primer paso sería recuperar la confianza ciudadana mediante una reforma profunda de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, depurando a las instituciones infiltradas por el crimen y sancionando los abusos cometidos por sus propios integrantes.