El verdadero objetivo de reclutar exmilitares para las cárceles

La convocatoria para incorporar policías y militares en servicio pasivo como guías penitenciarios marca un cambio en la estrategia del Gobierno para enfrentar la crisis carcelaria. 

El objetivo inmediato es cubrir el déficit de personal que arrastra el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), pero el trasfondo apunta a otro propósito: retirar de forma progresiva a las Fuerzas Armadas de tareas permanentes dentro de los centros de privación de libertad y devolver el control cotidiano a personal especializado.

La decisión llega en un momento en que el sistema penitenciario continúa bajo presión. El propio SNAI reconoció este año un déficit cercano a los 3.000 agentes de seguridad penitenciaria, mientras la población carcelaria supera los 38.000 privados de libertad. 

La relación numérica entre guías e internos sigue muy por debajo de los estándares internacionales, una brecha que durante años fue cubierta con el despliegue de militares y policías.

Problema estructural

Para Lorena Piedra, especialista en sistema penitenciario, la convocatoria representa una oportunidad para iniciar una transición que el Estado debió planificar hace varios años. Su lectura es que los primeros incorporados serán destinados principalmente a la Cárcel del Encuentro, el nuevo centro de máxima seguridad construido en Santa Elena, donde actualmente existe una fuerte presencia militar.

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“Ya se está pensando en un plan B para ir desplazando a miembros de las Fuerzas Armadas del trabajo que hacen dentro de los centros de privación de libertad”, comenta. 

La experta explica que mantener militares custodiando prisiones implica un costo elevado para el Estado, pues se trata de personal entrenado para operaciones de defensa y combate, no para el manejo cotidiano de cárceles. “Son personas que tienen formación de élite para muchas cosas, menos para estar en cárceles. Sale carísimo”, resume.

El verdadero desafío

La convocatoria no solo busca cubrir vacantes. También responde a una realidad que el propio SNAI expuso durante su rendición de cuentas: la falta de guías limita la capacidad del Estado para ejercer control dentro de los pabellones y obliga a mantener un esquema extraordinario de seguridad con apoyo militar.

Hasta julio, más de 1.400 policías y militares en servicio pasivo habían presentado su postulación para convertirse en agentes penitenciarios. Los agentes podrán conservar íntegramente su pensión y, además, recibir un salario cercano a los 1.200 dólares mensuales.

Para Piedra, ese aspecto también puede convertirse en un elemento de protección frente a las estructuras criminales. “Son personas que ya reciben una pensión del Estado. El sueldo de guía complementa esos ingresos y eso hace menos probable que puedan ser cooptadas por organizaciones delictivas”, analiza.

La corrupción sigue siendo el principal reto

Patricio Paredes, experto en seguridad carcelaria, considera que la transición solo tendrá resultados si está acompañada por una depuración real del SNAI. A su criterio, el país necesita construir un cuerpo profesional de agentes penitenciarios con identidad propia, carrera administrativa y controles permanentes.

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“Hay que empezar por un proceso de depuración real del SNAI. También hay que formar un cuerpo de agentes de control y seguridad penitenciaria que sea independiente y libre de corrupción”, propone.

El especialista añade que el debate también debe incluir el futuro de la entidad encargada de administrar las cárceles. “Hay que definir si el SNAI continúa o si será reemplazado por una institución mucho más depurada”, afirma.

Una transición que debe extenderse a todo el sistema

En este escenario, Piedra considera que los exuniformados no deberían concentrarse únicamente en la Cárcel del Encuentro, sino convertirse en un apoyo para otros centros penitenciarios donde también existe déficit de personal.

“No se necesitan 2.000 o 3.000 personas para una sola cárcel. Lo lógico es que esto permita iniciar un proceso ordenado para que las Fuerzas Armadas salgan progresivamente de todos los centros de privación de libertad”, menciona.

Cubrir vacantes no resolverá la crisis

Alexandra Zumárraga, exdirectora de Rehabilitación Social, coincide en que la incorporación de personal retirado puede fortalecer la seguridad penitenciaria, especialmente después de las reformas que ampliaron las funciones de los guías hacia labores de inteligencia.

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“Con las últimas reformas al sistema penitenciario, los guías tendrían una función de inteligencia además de vigilancia, por lo que me parece adecuado que se recluten policías y militares en servicio pasivo para estas labores”, señala.

No obstante, advierte que el impacto será limitado si el Estado no enfrenta los problemas estructurales que arrastra el sistema. “No se debe descuidar una depuración de este cuerpo de vigilancia por los problemas de corrupción que han surgido. Puede haber una mejoría en la seguridad, pero para cambiar el rumbo total de las cárceles se requiere mucho más que cubrir el déficit de guías”, concluye.