contratación pública
¿Qué instituciones estarán bajo mayor control del Sercop? Detalles
El Decreto 356 modifica la contratación pública en Ecuador y refuerza el control del Sercop sobre entidades estatales, ¿qué implica realmente?

Un sistema más vigilado, pero más exigente.
Lo que debes saber
- El nuevo decreto que reforma la contratación pública en Ecuador no solo cambia procedimientos: también redistribuye el poder de control.
- El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) ahora tiene más herramientas para vigilar, sancionar y actuar.
- El sistema apuesta por mayor trazabilidad digital y sanciones más severas. Las reformas colocan a instituciones públicas, proveedores y funcionarios bajo una lupa más estricta.
El Decreto Ejecutivo 356 emitido por Daniel Noboa introduce cambios clave en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, con un enfoque en fortalecer el control del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).
Uno de los puntos centrales de la reforma es que las instituciones del Estado que ejecutan procesos de contratación estarán bajo mayor supervisión, incluyendo ministerios, gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y empresas públicas.
Este nuevo esquema busca mejorar la eficiencia del sistema y reducir la discrecionalidad en la toma de decisiones.
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El decreto establece que el Sercop tendrá un rol más activo, especialmente antes de la adjudicación de contratos, lo que implica una vigilancia más constante en las etapas iniciales de los procesos.
Además, se eliminan restricciones que anteriormente limitaban la intervención del organismo una vez cumplidos ciertos plazos. Con esto, el Sercop amplía su capacidad de acción y control sobre posibles irregularidades.
Cambios en procedimientos y definiciones
Otro ajuste relevante está en la redefinición de conceptos dentro del sistema, como el catálogo de bienes y servicios. La reforma también exige que los procedimientos de contratación respondan de manera más clara a las necesidades específicas de cada entidad pública.
Este cambio apunta a una gestión más técnica y menos generalista en la contratación estatal.
Régimen especial para el Banco Central
El decreto también contempla un régimen especial para el Banco Central del Ecuador. Bajo esta normativa, ciertos procesos considerados estratégicos -como auditorías o transporte de valores- podrán manejarse con criterios de reserva o confidencialidad.
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Aunque esta medida busca garantizar la seguridad en operaciones sensibles, también ha abierto el debate sobre los niveles de transparencia en el uso de recursos públicos.
En la práctica, la reforma implica un sistema con mayor control institucional y menor margen para decisiones discrecionales. Esto podría traducirse en procesos más estandarizados, pero también en mayores exigencias para las entidades contratantes.