Ecuador reduce el déficit fiscal, pero sacrifica la inversión en obra pública

El recorte de la inversión pública se ha convertido en una salida para contener el déficit fiscal que arrastra Ecuador. Aunque el Plan Anual de Inversiones (PAI) contemplaba destinar $2.181,47 millones en 2026, hasta junio se habían devengado (ejecutado) apenas $636 millones, menos de la tercera parte del presupuesto previsto.

El PAI reúne los recursos que el Estado destina a ejecutar obras y proyectos de inversión pública. Incluye la construcción de carreteras, puentes, hospitales, escuelas, proyectos energéticos, compra de equipos y otras iniciativas orientadas a mejorar la infraestructura y los servicios públicos.

Sin embargo, el monto ejecutado en el primer semestre de 2026, aunque es superior al registrado en el mismo período de 2025, equivale apenas al 0,9 % del Producto Interno Bruto (PIB) anualizado.

Ese porcentaje prácticamente no ha variado desde 2022 y se encuentra muy por debajo del máximo de 6,2 % alcanzado en 2013, según datos de la ejecución del Presupuesto General del Estado (PGE) analizados por Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas.

Para Ortiz, la evolución del PAI entre 2022 y 2026 evidencia que el aporte de la inversión pública al crecimiento económico está "muerto", si se compara con los niveles registrados entre 2008 y 2013, cuando representaba alrededor del 6 % del PIB. ¿Pero qué significa reducir el gasto en inversión pública?

Menos inversión para reducir el déficit

Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, explica que ejecutar la totalidad de los proyectos previstos implicaría que el Estado recurra a un mayor endeudamiento, debido a que los ingresos fiscales siguen siendo insuficientes.

Datos del Observatorio de la Política Fiscal (OPF) muestran que, hasta junio de 2026, los ingresos del Estado no alcanzaron para cubrir el total de los gastos, lo que dejó un déficit global de $31 millones.

Acosta Burneo añade que los proyectos incluidos en el PAI no siempre responden a la capacidad financiera del Estado, sino también a disposiciones constitucionales que obligan a incrementar progresivamente la inversión en sectores como salud y educación. Por ello, financiar la totalidad del plan representa un desafío para las finanzas públicas.

Incrementar la ejecución del PAI requeriría contratar nueva deuda. Sin embargo, esa alternativa iría en sentido contrario al proceso de consolidación fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), dentro del programa que Ecuador mantiene con el organismo desde mayo de 2024.

En la quinta revisión del acuerdo, realizada en abril de 2026, el FMI proyecta que el déficit fiscal de Ecuador cerrará en alrededor de $2.600 millones (2 % del PIB), una cifra inferior a los $5.515 millones previstos inicialmente en el Presupuesto General del Estado.

Además, el informe detalla que se apuntará a ampliar el gasto social e inversiones prioritarias. “Las autoridades mantienen su compromiso de fortalecer la situación fiscal y salvaguardar la sostenibilidad fiscal. Han adoptado medidas políticas firmes para racionalizar el gasto tributario, fortalecer los ingresos fiscales y mejorar la eficiencia del gasto público, al tiempo que amplían el margen para el gasto social y de inversión prioritario”, refiere el organismo.

El costo económico del ajuste

Ante este escenario, Ortiz refiere que una alternativa para reducir el déficit fiscal -aparte de eliminar el subsidio del diésel y gravar alimentos con el impuesto al valor agregado (IVA)- es reducir el gasto público.

En su criterio, si se mantiene el actual ritmo de ejecución del PAI y continúan las demás medidas fiscales, el déficit podría cerrar alrededor de $4.000 millones en 2026, un monto inferior al presupuestado y también menor al registrado el año anterior: $4.592 millones en 2025, según el Ministerio de Economía y Finanzas.

"El déficit ha caído porque se ha logrado tumbar agresivamente la obra pública. Tener menos obra ayuda a bajar el déficit porque hay menos deuda", afirma el exministro.

No obstante, Ortiz advierte que esa estrategia tiene un costo para la economía. Una menor inversión pública reduce el dinamismo de la actividad económica y limita el crecimiento.

Según el Banco Central del Ecuador (BCE), durante el primer trimestre de 2026, la economía ecuatoriana registró un incremento interanual de 2,1% en comparación con el mismo período del año anterior. Mientras tanto, frente al trimestre anterior, se registró una variación positiva del 1 %. "Este indicador muestra una trayectoria positiva explicada por los niveles de inversión y el gasto de consumo privado".

En cambio, en la última década, la economía de Ecuador creció en promedio al 1,5 %, que es el mismo porcentaje al que crece la población. Es decir, sostiene este ritmo porque hay una mayor población que consume.

¿Cómo atraer más inversión?

Para revertir ese escenario, Acosta Burneo considera que el país debe atraer más inversión privada, especialmente en los sectores petrolero y minero, con el fin de generar mayores ingresos que permitan impulsar nuevamente la inversión pública.

Santiago García, docente de Economía de la Universidad Central del Ecuador, coincide en que, ante las limitaciones fiscales del Estado, es necesario fortalecer mecanismos como las alianzas público-privadas para atraer inversiones que contribuyan al crecimiento económico. "El año anterior se invirtieron solo alrededor de $600 millones en obra pública", recuerda.