Los arroceros arrancan cosechas con pérdidas en el campo y el mercado

La cosecha de arroz en Ecuador arranca este año con menos volumen en los campos y más incertidumbre en el mercado. Tras una temporada marcada por inundaciones adelantadas y una posterior sequía en zonas productoras, los agricultores enfrentan pérdidas significativas mientras comercializan el grano por debajo del Precio Mínimo de Sustentación (PMS), en un contexto donde aún no está claro si podrán colocar la producción en mercados externos como Colombia.

Aunque el Ministerio de Agricultura fija el PMS en $34 por saca de grano corto y $36 para grano largo, las primeras sacas se comercian hasta en $29 en el inicio de la cosecha así lo señala José Luis García, del Comité de Defensa del Agricultor, quien advierte que, pese a esta caída, existe una tendencia al alza ante una menor producción frente al 2025.

Al cierre de esta edición, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) no remitió datos sobre el total de pérdidas de arroz a nivel nacional asociadas a factores climáticos. Pero según estimaciones del sector, alrededor de 95.000 toneladas de arroz se perdieron en campo en provincias como Guayas, Los Ríos y Manabí.

En Los Ríos, una de las zonas más golpeadas, la Prefectura reporta cerca de 20.000 hectáreas afectadas, de las cuales 5.000 registran pérdidas totales, con mayor impacto en cantones arroceros como Babahoyo, Montalvo y Urdaneta, sin embargo no hay una estimación específica de la pérdida de producción del arroz.

En el cantón Vinces, el productor Gastón Mendoza resume la magnitud del impacto en cifras concretas. En años anteriores, sus dos cuadras de arroz le rendían hasta setenta quintales. Este año, tras la combinación de sequía e inundaciones, calcula que apenas podrá rescatar cuatro. “La pérdida es grande, no es solo para mí, sino para todos los moradores del sector”, afirma.

Frente a este escenario, Mendoza ha optado por no comercializar toda su cosecha. “Ese arroz lo vamos a dejar para el bienestar de la casa… Si me pongo a venderlo, voy a gastar y ganar poco, y después voy a comprar más caro”, explica.

Desde la Prefectura de Los Ríos, su titular, Johnny Terán, reconoce el impacto del invierno y sus efectos sobre la infraestructura productiva. Explica que la ubicación geográfica de la provincia —atravesada por flujos provenientes de la cordillera— intensifica las inundaciones y los daños en sistemas de riego, drenaje y vías.

Aunque se destina 2,5 millones para atender los efectos del invierno y apoyar a pequeños productores con semillas, capacitación y asistencia técnica, Terán reconoce que el alcance es limitado y apunta a que el problema de fondo es la articulación institucional: “Hay una descoordinación total con el Gobierno central; manejan una línea distinta y no comparten nada con municipios ni prefecturas. Eso tiene efectos en los presupuestos y la toma de decisiones".

En consecuencia, actualmente alrededor de 500 agricultores reciben este respaldo, en una provincia donde la afectación es significativamente mayor.

Stock rezagado

Desde la agroindustria, Vinicio Ruiz, presidente de la Asociación de Industriales Arroceros (Asoinarro), resume el escenario: en las piladoras se arrastra producción de dos cosechas anteriores, a la espera de comercialización, mientras una nueva ya empieza a salir al mercado.

En conjunto, estima que solo en la zona de cobertura del gremio unas 80 piladoras —ubicadas en cantones como El Empalme, Daule, Santa Lucía y Samborondón— existen alrededor de 2 millones de quintales almacenados, entre arroz en cáscara y pilado.

Además, las medidas anunciadas para absorber excedentes resultan marginales frente al volumen acumulado. Sobre la compra estatal anunciada, advierte: “20 mil toneladas no es nada”.

Distorsión en la capacidad de almacenaje

El problema no se limita al volumen acumulado, sino a que predomina una dinámica de competencia agresiva entre actores del sector: “Aquí lo que existe es un canibalismo de la agroindustria hacia los productores”, asegura Jackson Coronel dueño de una apiladora ubicada en El Empalme.

Describe una práctica recurrente: se declara falta de capacidad de compra o almacenamiento para presionar a la baja los precios pagados al productor, mientras los agroindustriales compiten entre sí reduciendo valores para captar mercado.

Reconoce que también mantiene stock rezagado —unas 20.000 sacas de la cosecha pasada—, aunque asegura tener espacio para recibir al menos 20.000 sacas adicionales.

En ese contexto, Ruiz expone que operar sin un precio regulado para el arroz procesado desordena toda la estructura de pagos: “Si no hay un precio para el pilado, es imposible pagar un precio de sustentación”. Mientras que Coronel coincide en la necesidad de reglas claras, "como punto de orden para toda la cadena y estabilizar económicamente a los agricultores que son el primer eslabón".

Colombia, de socio estable a mercado incierto

En este escenario de sobreoferta interna, Colombia ha sido históricamente el principal destino para evacuar excedentes de arroz ecuatoriano. 

De acuerdo con la ficha sectorial de 2018 de la Corporación Financiera Nacional (CFN), tras la caída productiva de 2015 —provocada por plagas— las exportaciones tocaron mínimos en 2016, con apenas 0,21 millones de toneladas. En 2017, Perú se posicionó momentáneamente como principal comprador por el nivel de ingresos que generó, pero entre 2018 y 2025 el mercado colombiano ha sostenido una concentración de más del 90% de las exportaciones de arroz según datos del Banco Central del Ecuador.

En medio de la actual tensión comercial generada por el alza de los aranceles al 100% por parte de Ecuador y el anuncio de Colombia de aplicar excepciones del 0% solo para ciertos productos considerados como "necesarios", al cierre de esta edición no existe un listado oficial que confirme si el arroz será incluido en ese esquema. Lo que agrava la incertidumbre de la cadena productiva ecuatoriana que teme quedar fuera por la competencia con la producción arrocera del propio mercado colombiano.

Sin embargo, el exviceministro de Política Comercial, Francisco Ballén, explica que este tipo de medidas suele excluir bienes sensibles: “Nosotros exportamos algunas materias primas a Colombia que las necesitan, una de ellas el arroz”.

Más allá del arancel, el principal obstáculo es logístico. Actualmente, el envío por vía terrestre —la principal ruta histórica— está restringido, lo que obliga a transportar productos solo en transporte marítimo, elevando costos y afectando contratos ya establecidos. “se pueden tomar medidas contrarias a la facilitación del comercio sin poner aranceles”, advierte Ballén.

Aunque Colombia concentra la demanda, no es el único mercado potencial. No obstante, la diversificación no es inmediata. “no se reemplaza un producto con otro… Es todo un proceso de negociación y confianza”, señala el exviceministro.

En esa línea, un análisis de la Corporación de Industriales Arroceros del Ecuador identifica destinos como Irán, Costa Rica y países africanos como Costa de Marfil, Sudáfrica y Togo —este último con antecedentes de compra—, pero advierte barreras logísticas, técnicas y arancelarias.

A esto se suma la limitación de la competitividad. Según Ruiz, el arroz ecuatoriano requiere alcanzar alrededor de “$580 por tonelada para sostenerse en la cadena productiva”, muy por encima de los precios internacionales, afirma, lo que reduce las opciones de inserción en nuevos mercados.

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