Devolución del IVA
Adultos mayores se quejan de que hace unos 8 meses no les devuelven el IVA
Jubilados aseguran que el SRI no ha acreditado los valores desde agosto de 2025. Mientras una acción de protección presentada en 2025 sigue sin resolverse

Desde septiembre de 2025 los adultos mayores reclaman que el SRI no devuelve el IVA en el tiempo que la norma indica.
Lo que debe saber
- Adultos mayores y personas con discapacidad denuncian que la devolución del IVA no se está realizando dentro de los plazos legales.
- Afectados presentaron una acción de protección por presunta vulneración de derechos constitucionales, pero la audiencia de apelación en la Corte aún no tiene fecha.
- Los afectados sostienen que el dinero retenido les pertenece y advierten que en 2026 el beneficio será menor por cambios en productos que pagan IVA.
Lo que debía ser un trámite automático y protegido por ley se ha convertido, según los afectados, en una espera interminable. Adultos mayores y personas con discapacidad denuncian retrasos de hasta ocho meses en la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), un beneficio tributario que la normativa ecuatoriana obliga a reintegrar en plazos máximos de 60 y 90 días.
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Harry Valarezo, presidente de Maestros Jubilados del Guayas, aseguró que cientos de personas siguen esperando pagos correspondientes al segundo semestre de 2025. Según explicó, el último desembolso realizado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) correspondió a solicitudes de agosto de 2025 y recién fue acreditado en enero de 2026.
“Ya van aproximadamente ocho meses sin que el SRI devuelva el IVA. Algunos recibieron hasta agosto, otros hasta septiembre, pero la mayoría continúa esperando”, sostuvo.
El dirigente explicó que los tiempos varían porque cada persona presenta su solicitud en fechas distintas: algunos lo hacen mensualmente, otros cada trimestre, semestre o incluso una vez al año. Sin embargo, insiste en que el retraso generalizado incumple la propia normativa tributaria.
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Acción judicial sigue sin audiencia
El malestar de los afectados no se quedó únicamente en reclamos administrativos. En septiembre de 2025, un grupo de adultos mayores presentó una acción de protección en Guayaquil, argumentando vulneración de derechos constitucionales.
La causa recayó en un juzgado de primera instancia que, el 12 de diciembre de 2025, negó el pedido. Los afectados apelaron de inmediato y esperaban que la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial del Guayas convoque a audiencia en segunda instancia. Pero hasta mayo de 2026 eso no ocurre.
Valarezo afirmó que han presentado dos escritos solicitando fecha y hora para la audiencia: uno el 10 de marzo y otro el 22 de abril. Asegura que el tribunal aún no responde.
“Demostramos que existe vulneración de derechos porque la ley establece plazos concretos para devolver el IVA y esos tiempos no se están cumpliendo”, señaló.
El dirigente sostiene que tanto la Constitución como la Ley del Adulto Mayor y la normativa tributaria garantizan este beneficio para grupos de atención prioritaria.
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El cruce de responsabilidades
Según los afectados, el SRI argumenta que el problema radica en la falta de asignación de recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. La entidad tributaria habría indicado que solicita permanentemente fondos para realizar las acreditaciones pendientes.
Pero para los afectados esa explicación no es suficiente.
“Ese dinero no le pertenece al Estado. Se descuenta cuando hacemos compras y debería mantenerse disponible para ser reintegrado”, reclamó Valarezo.
Aseguran además que los recursos terminan en la Cuenta Única del Tesoro Nacional y luego son utilizados para otros fines mientras las devoluciones quedan represadas.
Reclamos también llegaron a la Asamblea
Los afectados buscaron respaldo político y enviaron solicitudes a los 24 asambleístas del Guayas. Según Valarezo, únicamente la legisladora Ana María Raffo Guevara respondió y pidió información oficial al SRI sobre el número de trámites represados y el monto total adeudado.
Sin embargo, el dirigente afirma que la administración tributaria respondió solicitando ampliación de plazo y posteriormente alegó confidencialidad sobre parte de la información requerida.
La asambleísta insistió nuevamente el pasado 5 de mayo, recordando que la Asamblea tiene facultades de fiscalización y que la información solicitada corresponde a datos públicos y estadísticos, no personales.
Mientras tanto, los adultos mayores advierten que la situación podría agravarse en 2026 debido a cambios en las categorías de productos considerados para devolución del IVA.
“Lo que vamos a recibir ahora será mínimo, mientras cada vez más productos pagan IVA. La situación es grave y afecta directamente a personas vulnerables”, concluyó Valarezo.