Que el Gobierno ha priorizado los derechos de los niños y adolescentes y no los intereses de ciertos sectores. Con esas palabras Wendy Reyes, actual secretaria de Comunicación, explica la reciente decisión de prohibir la publicidad de todo tipo de apuestas o predicciones deportivas, tal como indica el artículo 56 del reglamento de la nueva Ley Orgánica de Comunicación.

La norma, expedida ya el pasado 23 de agosto, fue rechazada por parte de la LigaPro Ecuador, organizador del campeonato ecuatoriano de fútbol, porque “impacta de manera directa en la salud financiera del deporte y de la industria del entretenimiento”, según señaló el ente en un comunicado publicado en redes sociales. Miguel Ángel Loor, presidente de la entidad, precisó en su cuenta de X (Twitter) que los auspicios de las plataformas de pronósticos deportivos representan, en algunos casos, más del 40% de los ingresos de la mayoría de clubes que conforman la liga.

Pero no solo los equipos del balompié ecuatoriano se verían afectados, sino también jugadores profesionales, juveniles, amateurs y miles de familias, según Hernán Mendoza, presidente de Guayaquil City, club cuyo principal sponsor es BET593, que a su vez auspicia al campeonato nacional.

“Todos los clubes del país dependemos de los auspicios, unos más, unos menos; sobre todo los clubes medianos y pequeños que somos los que más vamos a sufrir que se nos retire un auspiciante de ese tipo. Eso no solo va en desmedro nuestro, sino que será un efecto dominó: vamos a tener que despedir jugadores, va a haber familias en el desempleo”, expresó el dirigente deportivo.

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A decir de la Secretaría de Comunicación (SECOM) “no se está perjudicando al deporte”, sino que simplemente “se busca evitar que los jóvenes sean incitados a apostar”, precisa. “Hemos ido normando a las casas de apuestas deportivas, ya lo hicimos en la Ley de Economía Familiar (aprobada en junio pasado). La mayoría de países tiene prohibición de pasar publicidad precisamente por el tema de niños y adolescentes”, alegó Reyes, en entrevista con EXPRESO.

El tema resulta un tanto contradictorio, pues el mismo Ejecutivo ha promocionado el “Incentivo tributario para el deporte”, un beneficio a las empresas que consiste en la deducción del 150% adicional para el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta, de gastos de publicidad y patrocinio a favor de deportistas, programas y/o proyectos deportivos. Sin embargo, hoy, las plataformas de pronósticos deportivos, que precisamente son uno de los auspiciantes más importantes del fútbol ecuatoriano, son ahora impedidas de promocionarse en los medios de comunicación tradicionales (prensa, radio y televisión).

Mendoza, dirigente del City, lamenta también que el decreto gubernamental no haya sido “ni siquiera socializado previamente” con los clubes deportivos para advertir sobre sus efectos negativos. En base a ello aclaró que existe unidad a la interna de la LigaPro, donde actualmente se continúa debatiendo cuál será la mejor herramienta jurídica para defenderse.

El titular del equipo de fútbol considera que se maneja como opción apelar al artículo 66 de la Constitución, lo cual tendría viabilidad jurídica, según la abogada constitucionalista Diana Acosta. “La carta magna establece que ninguna persona puede ser obligada a dejar de hacer algo no prohibido por la ley: este es un reglamento inferior a la ley y, por lo tanto, un reglamento no puede restringir el contenido de derechos, por lo cual es inconstitucional y así deberá ser declarado por la Corte Constitucional. Una vez más podemos afirmar que el presidente saliente (Guillermo Lasso) sigue siendo mal asesorado”.

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Para la jurista, el decreto contiene muchas fallas más, ya que vulnera también el principio del derecho a la seguridad jurídica: “Hace poco, un decreto-ley (de carácter tributario) aprobado por la Corte Constitucional regularizaba estas apuestas, entonces, una norma clara; sin embargo luego viene un reglamento que es inferior a la ley a restringir derechos. Además, el artículo 11 de la Constitución dice claramente que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos y garantías constitucionales”.

Ante todas estas objeciones, la secretaria Reyes volvió a ampararse en el artículo 44 de la Constitución, que “nos pide al Estado, no solo al Gobierno, promover prioritariamente los derechos de la niñez y adolescencia y debemos atender sus derechos por un principio de interés superior y sus derechos prevalecen sobre los demás”. Por ella ese motivo y, por ende, el decreto es válido, pues apela precisamente a la propia Constitución.

Ante las posibles demandas de inconstitucionalidad que pueda enfrentar el Gobierno, Reyes aclara que las decisiones en la política no siempre agradan al 100% de la ciudadanía: “Hay muchos cambios que quisiéramos hacer en el reglamento, pero tendrían que pasar por la Asamblea y, por el momento, esto es lo que podemos ofrecer”, manifestó tajante.

La funcionaria no descartó que el Ejecutivo se siente a conversar con las partes afectadas: “Hoy huele a democracia y hay respeto de voces. No todo está escrito en piedra y siempre todo puede perfeccionarse. Este Gobierno siempre ha tenido puertas abiertas”, apostilló.

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