Repentino cambio de opinión de los acusadores del presidente de la República. Durante cinco días insistieron en que un juicio político es radicalmente distinto a un jurisdiccional: que no aplican en él los mismos criterios de valoración de prueba ni de debido proceso ni de motivación ni de nada. Que ellos ni siquiera están obligados a demostrar sus acusaciones porque la naturaleza del juicio político es subjetiva y lo único que cuenta son los votos. Así lo han dicho la proponente del juicio Viviana Veloz y su colega correísta de la Comisión de Fiscalización Roberto Cuero: “nosotros no tenemos que probar el peculado”. De pronto, este lunes, amanecieron puntillosos: que si el artículo tal del Código General de Procesos, que si los reglamentos de la Fiscalía para la calificación de peritos, que si la naturaleza de los testigos… Como si estuvieran en comisaría. Todo porque la defensa llamó a declarar a un grupo de profesionales del Derecho y de alguna manera había que descalificarlos.

André Benavides, Mario Cuvi, Gonzalo Muñoz, Emilio Suárez, Pablo Encalada, Juan Guerrero, Pablo Santillán y Ramiro García: ocho abogados especialistas en Derecho Constitucional, Penal y Administrativo concurrieron a la Comisión de Fiscalización en lo que fue el tramo final de la etapa de comparecencias. Édgar Neira, defensor de Guillermo Lasso, los llamó para que analizaran distintos aspectos del juicio político sobre los cuales todavía no se han puesto de acuerdo los asambleístas encargados de llevarlo adelante. Y aunque los acusadores hicieron lo mismo en el primer día (pero solo uno de sus abogados, Stalin Raza, acudió a la cita) en esta ocasión les pareció que tal procedimiento no cabía. ¿En calidad de qué comparecen a esta comisión?, preguntó Viviana Veloz a cada uno de ellos. ¿De testigos? ¿De peritos? En el primer caso, ¿estuvo ahí cuando se firmó el contrato materia de este juicio? ¿Qué le consta de lo que pasó en la empresa pública ‘Flóped’ (que es su particular manera de pronunciar Flopec)? En el segundo caso, ¿está registrado como perito de la Fiscalía?

Veloz fue la única asambleísta activa de la parte acusadora. Su compañera Mireya Pazmiño, arrastrada por la opinión pública desde el pasado viernes, cuando quedó al descubierto su doble juego con respecto a los contratos de Flopec con Amazonas Tankers, prefirió no aparecer. En cuanto al socialcristiano Pedro Zapata y Rodrigo Fajardo, de la Izquierda Democrática, también proponentes del juicio, se abstuvieron de participar.

Más allá de los intentos de Veloz por descalificarlos, los ocho especialistas llamados por la defensa hicieron su parte, que consistió en desmontar la tesis según la cual los acusadores no están obligados a demostrar el peculado, y dejar establecidos algunos conceptos básicos. Por ejemplo, que las empresas públicas como Flopec tienen autonomía de gestión y, por tanto, solo a sus autoridades les corresponde decidir sobre suspensión de sus contratos; que si la acusación contra el presidente consiste en que no denunció un hecho doloso, entonces ya no sería un caso de peculado sino una contravención contra la tutela efectiva; que lo mínimo que se necesita para probar una responsabilidad política por peculado sería un informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal (lo cual no existe); y que según el mandato de la Corte Constitucional no solo deben ser excluidas de este proceso todas las pruebas relacionadas con los cargos no admitidos, sino también los hechos base que sustentan esos cargos, por ejemplo el nombramiento de Hernán Luque mediante decreto presidencial.

Incluso uno de los comparecientes, Gonzalo Muñoz, que además de especialista en Derecho Administrativo es asesor del ministro de Gobierno, se dedicó a probar la falsedad de algunos hechos base: por ejemplo, que el gobierno de Guillermo Lasso firmó un nuevo contrato con Amazonas Tanker en julio de 2022. Casi le arrastran por hacerlo. El asambleísta Bruno Segovia, aliado del correísmo, fue el más furibundo a la hora de exigir respeto: “No nos dé haciendo nuestro trabajo”. “¿Acaso somos -preguntó- una tarea de inútiles que no vamos a poder valorar la prueba?”. Entre los presentes había opiniones encontradas al respecto.

¿Qué cosa esconde Mireya Pazmiño?

El viernes pasado, la Comisión de Fiscalización discutió el informe a favor de los hoy cuestionados contratos con Amazonas Tanker que la acusadora del presidente, Mireya Pazmiño, había firmado meses atrás. Ahora Fernando Villavicencio sostiene que ese informe fue redactado no por ella, que ni siquiera maneja los rudimentos de un tema complejo como el de los fletes petroleros, sino por lobistas de la propia compañía Core Petroleum, propietaria de Amazonas Tanker.