Unidad Popular denuncia intento de ilegalización por el CNE en Ecuador
La directiva rechaza un informe "sin sustento" que habla de una disminución de afiliados y adherentes
La noche del viernes 20 de marzo del 2026, el partido Unidad Popular denunció un supuesto intento de ilegalización a través del Consejo Nacional Electoral (CNE). Lo acusa de actuar bajo influencia del Gobierno del presidente Daniel Noboa. Según informó la organización, a través de un comunicado, se pretende iniciar un proceso para retirarla del registro electoral, lo que califica como una acción “autoritaria” dirigida a eliminar adversarios políticos.
La advertencia se produce a menos de una hora de una sesión virtual del pleno del CNE, prevista para las 19:00, en la que se conocerá un informe técnico que podría dar paso al proceso de cancelación. Unidad Popular sostiene que dicho documento es “fraudulento” y cuestiona que se desconozcan 175.000 afiliaciones de un total de 206.000 previamente registradas por el propio organismo electoral.
La directiva argumenta que esta decisión carece de sustento legal y vulnera el debido proceso. Rechaza la aplicación del numeral 7 del artículo 327 de la Ley Orgánica Electoral, que establece como causal de cancelación la reducción de afiliados por debajo del 50% del mínimo exigido para su inscripción. A su juicio, la interpretación de esta norma en su caso resulta “arbitraria” e injustificada.
En su pronunciamiento, la organización también hizo un llamado a los sectores democráticos del país a rechazar lo que considera una deriva “totalitaria” del Gobierno. Asimismo, ratificó su compromiso de “defender los derechos e intereses del pueblo”, en medio de un escenario de creciente tensión política. "Deben mostrar las 175.00 desafiliaciones", exige la directiva.
¿Qué ha hecho Unidad Popular?
Los dirigentes de Unidad Popular se han mantenido críticos con las políticas de Daniel Noboa. Los brazos de este movimiento, como la Unión Nacional de Educadores, han colocado demandas de inconstitucionalidad a leyes y han protagonizado marchas. Su dirigente, Andrés Quishpe, ha sido criminalizado, según denunciaron tiempo atrás.
Por ejemplo, el 25 de febrero, Geovanni Atarihuana, presidente de Unidad Popular, con militantes llegó a la Corte Constitucional. Colocó una demanda de inconstitucionalidad a la reforma del Cootad. Antes también lo hizo contra la Ley de Integridad Pública.
