En la Corte Nacional de Justicia se cumplió la audiencia de casación solicitada por Gilbert Llanos uno de los sentenciados por el triple crimen de Quinsaloma, provincia de Los Ríos. Llanos fue condenado a 10 años de cárcel como cómplice del delito de asesinato ocurrido en 2011. Los cuerpos de las tres víctimas de la masacre, Carlos Llanos, su esposa e hijo menor de edad, presentaban heridas de machete y fueron encontrados en los alrededores de la vivienda. Los responsables del hecho además incendiaron la casa de las víctimas. Gilbert es hermano de Carolina Llanos, madre de dos hijos del exasambleísta Galo Lara, sentenciada como la presunta autora intelectual del delito.

Integran el tribunal Marco Rodríguez (ponente), Milton Ávila y Javier de la Cadena. La diligencia se instaló a las 09:00 de este lunes 22 de junio. Según información de la Corte, durante la audiencia Julio César Molina, defensor de Gilbert Llanos señaló que las presunciones deben constituirse con base en indicios probados que deben ser sometidos a debate procesal y luego introducidos al proceso. Dijo que la acusación particular no comprobó que se pagó a los autores materiales. 

Llanos fue acusado de haber pagado a quienes asesinaron a Carlos Llanos y su familia. El defensor argumentó que hay violación del articulo 88 del Código General de Procesos (Cogep), que el tribunal ha hecho énfasis en el giro de los cheques de Carolina Llanos y la norma exige pluralidad de indicios. Además insistió en que las normas deben aplicarse en conjunto no aisladas y que la sentencia no se debe dar con presunciones. Pidió que se ratifique la inocencia. La representante de la Fiscalía, Paulina Garcés indicó que el hecho está tipificado y hay abundante prueba indiciaria que permitió llevar a la certeza del hecho. Pide que se deseche el recurso. El tribunal convocará nueva fecha para anunciar su resolución. 

En la diligencia también estuvo presente el exasambleísta de Sociedad Patriótica Galo Lara, también sentenciado en el caso pero que accedió a la prelibertad. Él espera fecha de audiencia para la revisión de su caso. Dice contar con pruebas de una supuesta persecución política en el gobierno de Rafael Correa motivada en las denuncias de actos de corrupción que hizo cuando fue asambleísta.