Repentino e impredecible giro de los acontecimientos: el Pleno de la Asamblea Nacional posesionó ayer jueves al cuestionado Raúl Agustín González Carrión como nuevo superintendente de Bancos, pese a la sentencia judicial que disponía lo contrario por no cumplir los requisitos para ocupar el cargo y estar incurso en conflicto de intereses. La argumentación jurídica (intrincada) fue del correísta Ferdinand Álvarez; la arenga política (a ratos incomprensible), del socialcristiano Luis Almeida; los aspectos operativos corrieron por cuenta de la disidente de Pachakutik Mireya Pazmiño: ella introdujo un cambio en el orden del día de la sesión y presentó una moción para que el Pleno reconsiderara su postura inicial de acatar la sentencia y procediera “de manera inmediata” con la investidura. Lo lograron con las uñas (70 votos a favor: ni uno más ni uno menos de los necesarios) y actuaron con la presteza y diligencia con que se ejecutan los hechos consumados: localizaron a González en tiempo récord, lo pusieron ante una pantalla y el presidente Virgilio Saquicela le tomó el juramento de rigor por vía telemática.

Más que resolverlo, esta vuelta de tuerca complica un caso que nació torcido desde el momento en que el presidente de la República incluyó en la terna a un aspirante que no cumplía los requisitos y éste resultó electo por el CPCCS. Una jueza de Samborondón, Larissa Ibarra, declaró nulo el nombramiento y dispuso el envío de una nueva terna, lo cual ya fue cumplido por el Ejecutivo. Es decir que existe un proceso en marcha que ha quedado en el limbo con lo actuado este jueves por la Asamblea. Todo parece indicar que será la Corte Constitucional, una vez más, la que desenrede este nuevo lío creado por los políticos.

Ferdinand Álvarez y Luis Almeida, cuyos partidos llevan adelante una estrategia conjunta de reparto de los organismos de control, mostraron un sospechoso interés por el nombramiento de González desde el primer día. Juntos acudieron al juzgado de Larissa Ibarra en Samborondón y trataron de intimidarla incluso a gritos. Ahora, en la sesión, Álvarez trapeó el piso con ella: dijo que tiene 34 quejas interpuestas “por liberar delincuentes que atracaban casas”. Luego disertó sobre lo que llamó “errores insubsanables” de su sentencia, pero lo hizo con una gramática tan precaria que sus argumentos, de haberlos, resultan indiscernibles.

Tampoco los razonamientos de Luis Almeida son fáciles de seguir. Él se refirió a los bochornosos audios del asesor presidencial Aparicio Caicedo y lanzó acusaciones que a duras penas se entienden a medias: “Aquí tengo los nombres de un estudio jurídico donde pertenece el señor Caicedo -dijo- y están todos en el SRI. Todos. Hasta las fotografías de unos tragos que se toman y la compartimiento con todos los nombramientos de todas estos estudios jurídicos”. Lo que sea que eso signifique.

Almeida no actuó por cuenta propia, como algunos creían. La intervención de su compañero de bancada Esteban Torres reveló que su partido lo apoyaba en el empeño de posesionar a González en el cargo: “para que se deje de una vez claro que la Asamblea no va a estar al vaivén de la decisión de los políticos -dijo, aludiendo a un grupo del que por supuesto no forma parte-, de los jueces de pacotilla y de los intereses del momento”. Él, que no tiene ninguno.

En cuanto a Pachakutik, la abstención razonada de Salvador Quishpe planteó una pregunta jurídica clave (“¿podemos ir en contra de una sentencia?”) y otras cuantas, políticas, interesantes: “¿Esta es una pelea de quién contra quién? ¿Qué están defendiendo?”. Todas quedaron sin respuesta y apenas sirvieron para demostrar que la mayor parte de su bloque, al menos en lo relacionado con el reparto de los organismos de control, se alinea con el correísmo. 18 fueron las abstenciones. Los votos en contra sumaron 29, entre el oficialismo y la Izquierda Democrática que, por una vez, actuó de manera unitaria. De hecho, la disidente Johanna Moreira habló en su nombre: “Lo que está queriendo la Asamblea -dijo- es portarse más viva que el Ejecutivo”. Y así fue. Como están las cosas, no resulta tan difícil.

Con una ayudita de los amigos

El presidente Virgilio Saquicela esperó hasta el último momento para consignar su voto: abstención. Sin embargo, sin su ayuda, el asalto a la Superintendencia de Bancos operado en el Pleno habría sido imposible. Él decidió que el cambio del orden del día pedido por Mireya Pazmiño fuera el primer punto en tratarse. Es su prerrogativa, es cierto, pero la costumbre dicta que los nuevos puntos pasen al final de la sesión. De hacerse así, el tema no habría llegado a tratarse y habría quedado pospuesto para otro día. No podía ser: con la nueva terna presidencial ya en poder del CPCCS, se entiende que había apuro y Saquicela actuó en consecuencia. Como siempre.