Manta. Obreros, maquinarias y materiales solo se ven hoy en las principales calles de Tarqui, enmudecidas desde hace casi dos años cuando el terremoto redujo a escombros viviendas, negocios y hoteles de ese otrora bullicioso sector urbano.

Continúan allí los trabajos de construcción de las redes de agua potable y alcantarillado y de arreglos de calles. Y prosigue el soterramiento de cables, que debió estar culminado en diciembre pasado. Las autoridades no fijan fecha para la apertura de la denominada zona cero.

Una situación similar se vive en sectores afectados de Portoviejo y Bahía de Caráquez, como pudo constatar EXPRESO en un recorrido por zonas que fueron devastadas por la catástrofe en Manabí.

El retraso en los trabajos es una de las quejas de los sectores damnificados, pero las denuncias más graves recaen sobre el uso de los recursos asignados para la recuperación de las localidades golpeadas.

Hasta fines del año anterior lo recaudado llegaba a $ 2.933 millones, según reportes del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva, ente que se creó el 26 de abril de 2016 para dirigir las políticas y programas del plan de mitigación de los efectos del desastre.

Son 913 proyectos los que se han ejecutado, a un costo de 762,20 millones de dólares. Restan por finalizar otros 512 (en ejecución y planificados), que implican $ 2.170 millones.

El correcto uso de esos fondos es escrutado por la Contraloría, entidad que tiene en marcha ocho exámenes especiales. Se revisa la gestión de la Vicepresidencia de la República, los ministerios de Finanzas, Vivienda (Miduvi), Transporte y Obras Públicas (MTOP), Inclusión Económica y Social (MIES) y de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

Una de las auditorías por concluir revisó el rubro de demoliciones, cuya entidad ejecutora es el MTOP, que en Manabí debió realizar contrataciones para derribar más de 9.000 inmuebles.

José Herrera, secretario técnico del Comité de Reconstrucción, quien antes de asumir ese cargo fue subsecretario zonal de Obras Públicas, revela que el informe preliminar de ese examen especial hace “importantes observaciones” al MTOP y a empresas que fueron contratadas para las demoliciones (ver entrevista).

La Contraloría ha receptado también pedidos de auditorías basados en reportes de formales veedurías ciudadanas que denuncian presuntas irregularidades en la utilización de los fondos de la reconstrucción (ver subnotas).

Uno de los reportes revela abandono de obras contratadas para el mejoramiento y construcción de viviendas en el cantón Sucre, a cargo del Miduvi. La vicepresidenta María Alejandra Vicuña, en una de sus últimas visitas a Manabí, confirmó como ciertos esos hechos y dijo que se tomarán acciones legales en contra de los constructores que faltaron a su compromiso.

EXPRESO solicitó formalmente información al Miduvi sobre este caso, pero no hubo respuesta.

Otra veeduría reporta supuestos sobreprecios y mal uso del dinero que el Ministerio de Finanzas asignó a la Secretaría de Gestión de Riesgos, para servicios dentro de los albergues.

La actual administración de Gestión de Riesgos confirmó a EXPRESO que los recursos asignados a esa entidad en 2016 están bajo análisis de la Contraloría. Dijo que se usaron $ 1’126.000 de una trasferencia inicial de $ 10 millones efectuada por Finanzas, organismo que posteriormente retiró el saldo.

“En los registros de la entidad se evidencia un total de 84 facturas por mantenimiento de vehículos utilizados en Manabí para atender los efectos del terremoto, debiendo indicar que estas se encuentran dentro del examen especial”, señala Gestión de Riesgos.

Carlos Bernal, quien hasta el 12 de enero estuvo al frente de la secretaría técnica del Comité de Reconstrucción, aclara a este Diario que esa dependencia gubernamental aún no existía cuando se hizo la asignación de esos $ 10 millones.

Sobre el caso de las viviendas, el exfuncionario afirma que el Miduvi sigue acciones legales en contra de los contratistas responsables. “Hay algunos que están siendo observados por ese ministerio para garantizar el cumplimiento en la entrega de las casas”, aclara.

Bernal asegura que hubo una política de puertas abiertas para el trabajo de las veedurías ciudadanas, e insiste en que el Comité de Reconstrucción no tiene competencia para fiscalizar la utilización del dinero transferido a los organismos públicos ejecutores de los proyectos.

Obras contratadas en abandono

“Sí podemos mencionar que ha existido un sinnúmero de irregularidades que han desembocado en construcciones y mejoramientos de viviendas que han sido abandonados por los contratistas, tanto compañías como profesionales”, menciona el informe sobre las acciones del Miduvi en Bahía de Caráquez, firmado por cinco veedores avalados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Durante el tiempo que duró su tarea de seguimiento (del 21 de julio de 2016 al 21 de julio de 2017), ellos no pudieron establecer si los proyectos habitacionales en el cantón Sucre fueron seleccionados a través de un proceso de licitación o de manera directa.

En Sucre habían sido entregadas 988 viviendas nuevas y otras 884 que eran casas reparadas. El reporte de veeduría advierte que en las actas de entrega-recepción de las edificaciones mejoradas no se determinaba el valor invertido.

Veeduría sospecha que hubo sobreprecios

Observaciones a cuatro contratos de emergencia suscritos en 2016 por la Secretaría de Gestión de Riesgos, por un total de $ 1’105.730,41, se detallan en un informe de veeduría ciudadana presentado en octubre de 2017. Esas contrataciones se hicieron para albergues.

Barón Mendoza, miembro del equipo veedor, afirma que la iniciativa nació por una denuncia presentada por un funcionario de Gestión de Riesgos sobre supuestos traspasos de altas cantidades de dinero a cuentas bancarias de empleados de esa entidad.

La veeduría encontró como incoherencias que en un día se emitieron 714 facturas para un solo proveedor del servicio de mantenimiento de vehículos. Asimismo, reseña, en un contrato para alquiler de 203 baños portátiles se pagó $ 233.732,80, y en otro, para 200 estructuras, se canceló $ 147.373,50. Es decir, por una diferencia de tres baños hubo una facturación de $ 86.359,30 de más.

Reparos a los pagos por demoliciones

Durante la emergencia y bajo el estado de excepción, el MTOP aprobó órdenes de trabajo para las demoliciones de los edificios, en las que reconocía pagos a los contratistas por la labor que una máquina hacía por hora.

Esa peculiar forma de contratación fue reemplazada y la entidad pública pasó después a trabajar con anticipos, previa firma de los contratos, con plazos establecidos para la entrega de la obra.

Los pormenores de esas contrataciones están bajo análisis de la Contraloría. El organismo de control ejerce una acción de supervisión a los procesos precontractual, contractual, de ejecución y fiscalización de las demoliciones y desalojos de escombros de las edificaciones colapsadas por el terremoto.

En Manabí se demolieron 9.663 edificaciones, según reportes del Comité de Reconstrucción.

Más de 30 contratistas trabajaron para el MTOP en esa tarea ejecutada en la provincia manabita.

Los protagonistas

Carlos Bernal, exsecretario técnico Comité de Reconstrucción

Esas veedurías que han llegado a esas conclusiones tuvieron todo el apoyo nuestro y, como no éramos Fiscalía ni Contraloría, les dimos las facilidades para que hagan su trabajo y sus observaciones.

Fresia Villacreses, Pdta. Comisión Anticorrupción Núcleo Manabí

Hicimos múltiples solicitudes e invitaciones a la Secretaría Técnica para que nos entregue información sobre cómo se estaban manejando los recursos, porque había muchas denuncias. Pero jamás se

dignaron en contestar.

Barón Mendoza, secretario de Veeduría Ciudadana

En nuestro seguimiento a los contratos para servicios en los albergues, lo que pudimos establecer es que hubo sobreprecios. El Consejo de Participación Ciudadana remitió el informe a la Contraloría.

Leonardo Viteri, exalcalde del cantón Sucre

¿Qué ha faltado en la reconstrucción? Planificación y honestidad. La prioridad es salud y educación, y poco se ha hecho. Pido públicamente una auditoría internacional a los recursos de la reconstrucción.