Opinan con acertado criterio jurídico-constitucional quienes afirman que el actual es un régimen que preside un período de transición entre una década autoritaria y la búsqueda de la restauración democrática.
Sin duda, podría argüírse para negar la condición totalitaria contenida en la primera afirmación que dicha década fue el resultado de múltiples victorias electorales. Ello es cierto pero, también lo es que su conducción violentó normas claves de la calidad democrática de un gobierno y por ello no merece el calificativo de tal. A su tiempo, el régimen que ahora preside la nación, producto igualmente del ejercicio de la voluntad popular, es calificable como de transición dadas las grandes ataduras que a su plena gestión le dejó establecidas su antecesor y que recién ahora se están tratando de deshacer.
Lo señalado cabe como preámbulo destinado a evitar una discusión que devendría en bizantina al pretender analizar en el marco de la ley el desarrollo de los acontecimientos recientemente cumplidos en torno a la convocatoria a una consulta popular para modificar textos constitucionales y legales, que a su vez fueron modificados a gusto y conveniencia del jefe de Estado, atropellando procedimientos legales e imponiendo circunstanciales mayorías en los organismos destinados a protegerlos.
Así, las importantes preguntas que pronto van a supeditarse a la decisión del soberano, dependerán en su respuesta solo de la libre voluntad del pueblo, en vez de ser enmiendas generadas con base en el sometimiento al capricho presidencial por entonces predominante.
Por otra parte, valga recordar que una promesa común a muchos candidatos presidenciales de la reciente contienda electoral fue precisamente la de convocar a una consulta popular para someter a la decisión ciudadana las reformas que desvirtuaron lo que para algunos era la esencia del denominado espíritu de Montecristi.
Luego de la actitud irresponsable y sesgada que evidenciaron los organismos que debieron calificar las preguntas, comportamiento que merece la correspondiente sanción, pareciera que se ha dado un gran avance que supera las potenciales tensiones a que se veía abocado un proceso que resulta vital para definir el futuro del Ecuador, libre de la posibilidad de reeditar la pesadilla de la restauración totalitaria.
