El sismo ampara las salvaguardias
Hay una avalancha impositiva, pero no hay un equilibrio del lado de los incentivos al sector privado. El impacto de los impuestos internos y externos alcanza al sector productivo. Entendemos que se descarta el timbre.
Tras explicar el proceso de aprobación que se siguió en 2015 para aprobar las salvaguardias del 45 %, 25 %, 15 % y 5 %, el Comité de Comercio Exterior (Comex) vio conveniente contextualizar, en el considerando 14 de las Resolución 006-2016, que la extensión de las mismas durante un año más se produce justo dos semanas después del terremoto de 7,8 en la escala de Richter que dejó 659 muertes y que supondrá un gasto extraordinario de $ 3.000 millones por la reconstrucción.
Así, la temida extensión de las salvaguardias, que rondaba las cabezas y oídos de empresarios, economistas, analistas y periodistas desde hace semanas, frente al temido y desconocido timbre cambiario, se volvió realidad ayer, primer día de vigencia.
El cronograma de desmantelamiento, por etapas (abril, mayo y junio), previsto para este año se traslada en idénticos tiempos y reducciones a 2017. Tan solo quedan libre de la sobretasa las 700 subpartidas -de las 2.900 totales afectadas- que estaban gravadas con un 5 %.
Con ello, el Gobierno aspira a recaudar $ 750 millones por salvaguardias, según el ministro de Industrias, Eduardo Egas, además de seguir conteniendo las importaciones que, como argumentan, son parte del desajuste.
La decisión, publicada el viernes a última hora de la tarde, sorprendió al sector privado que acumula argumentos contra la extensión de la restricción comercial. Desde el freno a las importaciones, el encarecimiento de los productos que ingresan al país, la consecuente caída de las ventas, la menor recaudación de impuestos en general (pese a los casi 900 millones que recabó la Aduana hasta febrero y los 500 millones que preveía obtener este año hasta junio, cuando debía eliminarse), el freno a la producción en un segundo año de recesión económica, hasta el impacto que pueda tener en sus socios comerciales y, en especial, en la Unión Europea, con quien Ecuador mantiene una contrarreloj para aprobar un acuerdo comercial antes de diciembre.
Si no es así, el pilar al que todos miran para que sostenga la economía en una época de crisis - los exportadores que ingresan divisas al país- deberá afrontar la pérdida de sus preferencias arancelarias. Con eso, quedarían en total desventaja frente a competidores como Colombia y Perú, que durante meses, han reclamado a Ecuador que amortigüe las salvaguardias arancelarias.
Ni el Gobierno ni los empresarios son capaces de anticipar a la reacción de la Unión Europea ante la extensión de la restricción comercial. No obstante, el ministro de Industrias y Productividad, Eduardo Egas, aseguró ayer a EXPRESO que las salvaguardias son un mecanismo reconocido por la Organización Mundial del Comercio y por el mismo acuerdo comercial que pretende concretarse en los próximos meses. Y que las comunicaciones con las autoridades europeas seguirán siendo intensas.
De hecho, el anexo 2 del protocolo de adhesión de Ecuador al acuerdo multipartes con la UE reconoce a Ecuador dos consideraciones adicionales a las salvaguardias. La primera es que las industrias nacientes, explícitamente, pueden ser parte de los sectores que se pretenden proteger con la medidas; y la segunda es que, en caso de que la parte afectada por la salvaguardia (el país exportador) pida compensaciones al que aplica la restricción, si éste último es Ecuador, el exportador deberá esperar tres años.
De momento, habrá que esperar a la reacción de Europa y al siguiente encuentro en mayo para conocer el impacto de unas salvaguardias que ganaron otro año de vida.
