La mañana de este jueves 30 de marzo de 2023, al menos 24 servidores judiciales fueron notificados con la desvinculación de los cargos. Se trata de personal con nombramiento provisional y contrato ocasional, según informó el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha Paúl Ocaña. La sospecha para estas salidas es que se buscaría abrir espacios a otros profesionales con aparentes connotaciones políticas. Por eso no serían los últimos en este jueves y en los próximos días habría otros despidos.

Según indicó Ocaña, hasta el final del día serían otros 24 los que debían recibir la notificación con su salida. Ocaña indicó que saldrían en total unos 500 funcionarios que permanecían en la Función Judicial con esos tipos de nombramientos. 

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El Directorio del Colegio de Abogados de Pichincha hizo un llamado a la Judicatura "para que revise esta decisión y la administración de justicia pueda continuar sirviendo a la sociedad". Anunciaron que se mantendrán vigilantes de que se realicen las consultas técnicas necesarias para evitar afectaciones al derecho laboral. 

Los espacios que se liberen no quedarían vacíos. Se conoció que nuevos trabajadores llegarían al sistema bajo esa misma modalidad de contratación. Solo en la planta central del Consejo de la Judicatura habrían salido unas 200 personas que serán reemplazadas por otros funcionarios. 

EXPRESO solicitó información del tema a la Judicatura. Hasta el cierre de esta nota periodística no hubo respuesta. La salida de personal llegó a esa instancia pocos días después del arribo de Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura. En una sesión del pleno del organismo se resolvió el cambio de los directores provinciales y algunos nacionales. Esa fue la primera desvinculación que se produjo.

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Para Ocaña este cambio provocaría demora en la tramitación de los procesos porque quienes dejan los cargos ya tenían conocimiento de cómo llevar la causa, cómo tramitar, cómo gestionar, cómo proveer. Explica que la nueva gente que llegue tendrá que iniciar de cero y eso podría retardar el trámite de los procesos. 

Muchos de los desvinculados permanecían en la Función Judicial más de cuatro años. Eso porque cada dos años eran recontratados en otras direcciones judiciales: sorteos, citaciones, entre otros.