Sergio Peña: de pieza clave en el caso Danubio a asambleísta expulsado del correísmo

El asambleísta Sergio Jesús Peña Veloz, recientemente separado de la bancada de la Revolución Ciudadana, figura como uno de los principales implicados en el caso Danubio, una investigación sobre supuestas negociaciones para comprar cargos públicos dentro del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae).

Peña fue llamado a juicio el 8 de junio de 2023 como presunto autor del delito de asociación ilícita. Pese a su situación judicial, la Revolución Ciudadana lo incluyó en su lista de candidatos nacionales a la Asamblea. Actualmente integra la Comisión de Ética del Legislativo, con el respaldo de la bancada oficialista ADN.

La Fiscalía sostiene que Peña hizo gestiones ilícitas para obtener el cargo de Subdirector General de Operaciones de la Aduana, a través de un ofrecimiento de tres millones de dólares. El procesado Juan José Aucancela Muyulema, amigo del legislador, habría enviado la hoja de vida de Peña y gestionado una reunión con una asesora de la entonces directora general del Senae, Carola Ríos, quien posteriormente denunció el hecho.

El encuentro se habría desarrollado en septiembre de 2021, en una sala de reuniones de la Aduana, donde Aucancela y Peña fueron grabados en un dispositivo de voz.  El fiscal del caso Bolívar Burbano indicó que en esa cita se ofreció el pago millonario para facilitar el nombramiento. Además, Aucancela habría solicitado la designación de otras dos personas como directores distritales en Esmeraldas y Huaquillas, a cambio de medio millón de dólares por cada cargo.

Evidencias 

En la audiencia preparatoria de juicio, cuyas actas públicas están en el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE), consta toda la evidencia en contra de Peña. El expediente hace referncias a mensajes de texto y de voz, llamadas telefónicas interceptadas, seguimientos policiales, grabaciones y reuniones documentadas. Según el fiscal Burbano, Peña mantuvo conversaciones frecuentes con varios de los implicados: Juan José Aucancela, Ronny Cabrera, Marcos Leiva, Jhon Salas, entre otros procesados con los que habló sobre entrega de dinero, presiones políticas, estrategias para obtener el cargo, reuniones con actores políticos y empresariales, financistas y se identificó a sí mismo como “el candidato técnico”. 

Sumas de dinero

En la foja 10.098 del expediente (N°09286-2022-02464) consta una conversación entre Peña y Jhon Salas. En el teléfono de Peña, los investigadores hallaron fotografías que refuerzan la sospecha de una operación financiera vinculada a la compra de cargos públicos. Las fotos halladas en el celular son:

• Una imagen de un cheque por 30 millones de dólares emitido por la empresa Smov Smart Mobility Cía. Ltda.

• Un comprobante de cajero bancaria con un saldo de 21.647.108,57 dólares.

• Una foto con fajos de dinero, pero que era un montaje a partir de una foto de EXTRA, según el fiscal "como para dar la evidencia de la prueba que contaban con ese dinero".

Conversaciones

El contexto de estas imágenes aparece en una conversación entre Sergio Peña y Juan Aucancela, transcrita y adjunta en el expediente judicial:

• Sergio Peña: “Esta es una pruebita de amor de una de las cuentas. Espero que con esto dejen de desconfiar, porque nosotros cumplimos, y ellos siempre buscan excusas. Ya deberían ejecutar el tema.”

• Sergio Peña: “Juanito, buenos días. Definitivamente los señores siguen exigiendo certezas, aunque no han entregado nada. Que si se les pide una prueba de que si tienen fondos bancarizados la operación se planeaba en efectivo por ende las cuentas de las compañías, que son para otros temas privados de operaciones de giros de negocios, no se pueden estar enviando, pero aún sí se accedió a enviar. El problema es que los señores ponen y ponen reglas pero en ningún momento demuestran tener nada, ya definitivamente no se les va a enviar nada. Si después de tanto tiempo y de haber demostrado con hechos que esta negociación es seria, aún desconfían, entonces esto se vuelve imposible.”

La versión de Sergio Peña

“Yo asistí a una entrevista de trabajo. No sabía que Carola Ríos era empleada de los El Juri. En esa ocasión hablé sobre cómo se podían corregir errores relacionados con el contrabando, contrabando técnico, y mencioné el tema del aforo automático.Eso no les gustó e hicieron una llamada al 1800 DELITO para denunciar que se estaban vendiendo cargos públicos”, sostiene Sergio Peña.

Afirma que, a lo largo del proceso penal, solo existen dos conversaciones por chat con sus amigos Marcos Leiva Veloz y Ronny Cabrera Vélez, a quienes comentó que participaba en un proceso de selección para un cargo en la Aduana. Sin embargo, asegura que nunca se probó una oferta real de tráfico de influencias. “Por eso la Fiscalía tuvo que reformular el tipo penal, de delincuencia organizada a asociación ilícita”.

Respecto a las imágenes que muestran sumas elevadas de dinero, Peña sostiene que eran montajes fotográficos: “Esas imágenes son montajes. Se hicieron para seguirle el juego a esta gente y ver hasta dónde llegaban. El teléfono del que extrajeron esas fotos era de mi oficina. Ese cheque no existe, lo hicieron en Paint”.

Como explicación, señala que una asociación indígena que apoyó a Guillermo Lasso en su camino a la Presidencia tenía un acuerdo político para acceder a cargos públicos. “Ellos querían apoyarme, pero la gente de la oficina les siguió la corriente”, concluye. 

El asambleísta señala que espera que su audiencia de juicio se realice pronto, ya que su objetivo es cerrar el proceso y demandar al Estado: “Quiero que esto se acabe. Ahí está mi jubilación”. Agrega que la Revolución Ciudadana siempre tuvo conocimiento de su caso: “Revisaron el expediente, vieron que se origina en una denuncia al 1800 DELITO. Sabían que era una persecución”, y según él, impulsada por la exfiscal Diana Salazar. 

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