Los seguros privados, en cuestion
Tierra de nadie. Esa es una metáfora de lo que ocurre ahora en los servicios de medicina prepagada. Lo dijeron los asambleístas del oficialismo y de la oposición durante el primer debate a la ley de medicina prepagada y de seguros médicos. Por eso, esta vez, apuestan y coinciden en la necesidad de regular estos servicios, que tienen 850.000 afiliados y una facturación de 438 millones de dólares al año, según la asambleísta de PAIS, Pamela Falconí. Ella presentó esta iniciativa en 2014. La legisladora socialcristiana, Cristina Kronfle, contó a EXPRESO su propia experiencia. Ninguna empresa la aceptó porque tiene discapacidad, una enfermedad degenerativa. “Tengo seguro médico de la Asamblea, nadie ha querido aceptarme porque consideran que mi caso es de alta siniestralidad”, explicó. Para las compañías, que fueron a una especie de ‘paredón’ en la discusión parlamentaria de ayer, las personas como ella no resultan interesantes. Tampoco las mujeres, de 45 años, con cáncer a las mamas. Ni quienes cumplen más de 65 años porque tienen riesgo de contraer enfermedades más complicadas y costosas, denunciaron los legisladores. El parlamentario de CREO, Ricardo Moncayo, cree que estas empresas tienen una actitud “arbitraria, impositiva, sin ninguna regulación ni control y una falta de sensibilidad social”, subrayó a este Diario. Según él, estas compañías “deciden sacar a un afiliado porque es adulto mayor”, agregó. La legisladora de PAIS, María Augusta Calle, sostuvo en su intervención que ganan 170 millones de dólares al año sin invertir en nada: no tienen estructuras físicas ni mejoran la calidad del servicio, dijo. La propuesta legal tiene dos ámbitos: el primero es la medicina prepagada por la cobertura mensual y el copago al momento de recibir la atención médica. El segundo es el seguro en cobertura de salud, con el cual se paga una póliza y luego se presentan las facturas para el reembolso. El proyecto establece, entre otras cosas, que no podrán terminarse los contratos de manera unilateral ni anticipada. También están obligadas a ofrecer información de calidad y de cantidad suficiente para los usuarios. Además, prohíbe los incrementos a los aportes, cuotas o prima de los planes. La asambleísta oficialista, Betty Jérez, comentó a este Diario que la propuesta es positiva para los usuarios porque protege y garantiza sus derechos como consumidores. La legisladora de Pachakutik, Magali Orellana, comparte la preocupación por regular estos servicios para la clase media, que es la usuaria. Sin embargo, aclaró, que el verdadero problema es la mayoría de la población que acude al Seguro Social. “Allí, la calidad del servicio es pésima, las citas tardan meses en conseguirse y se pagan las medicinas y exámenes”, sentenció.
