Contexto: El 20 de marzo de 2024, Roberto Castillo, director del Instituto de Estadística y Censos (INEC) a la Comisión de Garantías Constitucionales, mesa legislativa que asumió la fiscalización del censo de población de 2022. Su presidenta, Paola Cabezas, alega que el estudio se realizó con falencias y que, por ende, los resultados no son fieles a la realidad.

¿Qué opina de que una entidad política, como la Asamblea Nacional, fiscalice un proceso técnico como el censo poblacional de 2022?

Es sui géneris. En la comisión se nota la brecha o las capacidades distintas que tenemos. El INEC es autónomo en términos de independencia técnica, pero nuestro deber es comparecer y explicar el técnico. No es un tema unánime. Básicamente es la presidenta de la comisión (Paola Cabezas, del correísmo) que ha tratado, desde hace muchos años y bajo diferentes elementos, de desviar la atención y confundir.

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¿Qué acciones lo llevan a tener esa conclusión?

En su momento se nos acusaba de no tener un plan de seguridad, pero hace más de un año ya le entregamos el plan que fue elaborado en conjunto con las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en la comparecencia (el reclamo) fue exactamente el mismo. A pesar de ir con datos, seguíamos siendo cuestionados. Eso muestra que se les va acabando los argumentos.

¿Cuál es, según usted, el interés de Paola Cabezas por el censo poblacional de 2022?

Todo empezó con el tema de la cédula de ciudadanía sobre que no había que darla para el censo de población porque era ilegal, ilegítimo y antitécnico. En nuestras primera comparecencia (en la Legislatura anterior) explicábamos todo el marco legal y la facultad que tenía el INEC, pero nunca hicieron caso. Incluso nos pusieron tres acciones de protección demandando la paralización del censo, pero las ganamos todas sin despeinarnos.

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¿Eso quiere decir que no hubo irregularidades en el proceso del censo poblacional?

Censamos a 16,9 millones de personas y tuvimos una omisión censal del 4,2%. Eso quiere decir que en el plano teórico nos faltó por censar ese porcentaje de la población. Pero la omisión censal es algo que todos los censos han tenido, tiene y van a tener porque ninguno es perfecto.

¿Por qué en un inicio el INEC señaló que éramos cerca de 17 millones?

El dato en el imaginario colectivo que teníamos era que somos 18 millones de ecuatorianos, venía de una proyección que se hizo en el 2012. Nosotros ya sabíamos que esa cifra estaba sobrestimada por tres razones: están naciendo menos niños, el exceso de defunciones por la pandemia (más de 100 mil fallecidos) y una nueva ola migratoria.

¿Y por qué luego la cifra de ecuatorianos aumentó?

Luego de que se hace un censo, la oficina de estadística calcula la omisión censal reconstruyendo la historia demográfica del país en términos de fecundidad, mortalidad y migración para estimar la población hacia el futuro. La memoria es frágil, pero esto también sucedió en el censo del 2010, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa.

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Si siempre ha sucedido esto, ¿cree que la fijación es porque el censo se hizo en el gobierno de Guillermo Lasso?

Es un tema totalmente político, nunca fue técnico. Incluso la comisión se quedó sin argumentos cuando mi subdirector informó que él también había liderado el censo del 2010. Lo que demostramos es que los censos son independientes del gobierno de turno. Este mismo censo (de 2022) inició en 2018, durante el gobierno del expresidente Lenín Moreno; se desarrolló durante el de Guillermo Lasso y culminó ahora en el gobierno de Daniel Noboa.

¿Por qué la fijación?

Un censo utilizado es un censo validado. Llevamos más de 398 mil visitas a nuestra página web, más de 65 mil visitas al visualizador de datos, más de 60 pedidos de asambleístas que están usando la información del censo para diseñar sus proyectos de ley, muchos de ellos de la bancada de Paola Cabezas (el correísmo).

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También se ha señalado un ‘genocidio étnico’ por la supuesta reducción de afroecuatorianos en el país....

Nosotros rechazamos este término de genocidio estadístico. Lo que Cabezas hábilmente, pero equivocadamente, ha querido posicionar es que la omisión censal son exclusivamente afroecuatorianos. Eso es absurdo, porque la omisión incluye a todo el país.

La Contraloría está haciendo una serie de exámenes al censo, ¿confía en que su trabajo fue bien hecho? La mesa de Garantías Constitucionales lo tomó como una victoria.

Es un juego de palabras. En 2023, el INEC pidió a la Contraloría que se audite el censo porque al ser un proyecto tan importante para la institución, es de su interés que no exista ningún tipo de duda sobre el manejo de los recursos y los proceso implementados. Los exámenes arrancaron hace seis meses, dos están en curso y cuatro más están contemplados.

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