Tiempo de revelaciones

Uniéndose a la tendencia que impera en el Gobierno nacional de dar a conocer las transgresiones del régimen anterior, las autoridades seccionales electas que asumirán funciones en mayo deben seguir el ejemplo. Tanto quienes así lo ofrecieron durante la campaña electoral, como los que no, al tomar posesión de sus cargos están llamados a realizar auditorías de la gestión de quien los precedió. Esta obligación es inexcusable, principalmente en los casos de funcionarios que fueron objeto de denuncias que quedaron olvidadas, archivadas o ignoradas. Las nuevas dignidades, una vez iniciado su período de gobierno, podrán evaluar en un plazo no mayor a tres meses la situación en que han recibido alcaldías y prefecturas. Transcurrido ese tiempo, el silencio indicará que se aprueba lo actuado por su predecesor. Y en caso de que posteriormente salten revelaciones sobre manejos inadecuados, la ciudadanía lo percibirá como un acto de encubrimiento o de complicidad de la nueva autoridad.

En la misma línea, se debería iniciar o retomar investigaciones sobre aquellos candidatos cuya administración de recursos y patrimonios públicos haya sido objetada, y que debido a que la atención se centró en el proceso electoral se minimizaron o fueron dejadas de lado.