Es un ofrecimiento esperado y que ha tardado en cumplirse. La reducción del gasto público es un pedido de todos los sectores -que denunciaron un aumento desmedido del aparato estatal durante el gobierno del expresidente Rafael Correa- y parece que está en vías de implementarse de forma plena. La meta es ambiciosa: reducir 4.000 millones de dólares.

Desde el 24 de mayo de 2017, se ha cambiado la estructura del Estado de manera considerable pero el gasto público, el factor más importante para reducir entes estatales, no ha tenido una reducción significativa.

Es más, entre 2018 y 2019, en plena época de austeridad dictada por el presidente Lenín Moreno, se gastó más. El año pasado, el Estado gastó 34.895 millones de dólares. En 2018, el monto total no superó los 34.173 millones de dólares. Un aumento del 2 %.

En fusiones, por ejemplo, la unión de los ministerios de Minería, Electricidad e Hidrocarburos, que fue uno de los primeros en convertirse en un solo ente –el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables- no representó una disminución significativa del gasto corriente. Lo mismo puede decirse del último ministerio en fusionarse, el de Ambiente y Agua.

Las fusiones no son productivas porque no implican un cambio interno. En las áreas de Comunicación, como ejemplo, fusionar ministerios implicó que un boletín o el anuncio de una rueda de prensa lleguen por varias vías y de diversos emisores.

También hay fusiones imposibles. La propuesta, en 2018, de unir a las petroleras estatales Petroecuador y Petroamazonas sonó como un discurso interesante. Dos de las empresas públicas que más gastan (juntas se aproximan a los 5.000 millones de dólares) podrían unir procesos y disminuir costos. En la práctica, sin embargo, la propuesta gubernamental es inviable, al menos en el mediano plazo.

Petroecuador apenas este año está haciendo una valoración de activos para conocer el costo real de sus bienes. Luego de eso tendrá que adaptar sus balances a normas internacionales para poder entrar a un proceso de fusión con Petroamazonas, que tiene sus cifras mejor ordenadas.

El proceso se extenderá más allá de mayo de 2021, cuando Moreno haya dejado el cargo.

En su último discurso, ayer, el presidente Lenín Moreno alardeó de las eliminaciones de 43 ministerios y las fusiones que ya se han concretado. Las cifras evidencian, sin embargo, que apenas en los últimos meses -casi tres años después de iniciada la gestión- hay reducciones significativas. (ver cuadro)

Ahora, Moreno habla de eliminar siete empresas públicas más. No se especificó quién asumirá esas funciones y cómo operará el país sin una empresa de correos nacional o sin unidades de almacenamiento de productos agrícolas.

Tampoco hay claridad de qué implica ni cuánto tiempo tomará la liquidación de Tame.

Incluso hay anuncios contradictorios. El Gobierno está dentro de un proceso de austeridad, pero el ente encargado de la supervisión de dicho proceso será eliminado: el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar).

Los reportes de Inmobiliar dan cuenta, además, de otras órdenes del primer mandatario que han sido ignoradas en materia de ahorro. Hasta la fecha, pese a que fue una disposición de septiembre de 2017, las entidades públicas no han entregado sus inmuebles improductivos para que sean gestionados de manera efectiva. Hay oficinas, edificios, casas, terrenos, parqueaderos, bodegas y lotes que podrían subastarse para generar recursos y evitar los gastos de mantenimiento innecesarios.

Moreno también anunció la eliminación del Servicio de Contratación de Obras (Secob). El organismo bajó su perfil durante el actual gobierno pero, en la administración anterior, estuvo frente a la construcción de escuelas, hospitales y plantas de sectores estratégicos.

En los próximos días se esperan más detalles y montos exactos. Hasta fin de mes, cada ente público presentará un plan de hasta el 15 % de ajuste interno.