Otro pulso indigena al Gobierno
Líderes indígenas “impiden” el ingreso de funcionarios de una localidad. Expertos lo critican.
¿Pedir perdón o permiso? Para un Estado que tiene control del territorio que gobierna, ninguna de las dos es una opción. Sin embargo, un reciente roce, que se suma a otros entre Gobierno y movimiento indígena, constituye un pulso a la capacidad del Estado y sobre la mesa el alcance legal que tienen los líderes indígenas para permitir el ingreso a sus territorios.
El abogado y analista jurídico David Granda, precisa que la Constitución reconoce las comunidades y pueblos indígenas, su territorio y su derecho a organizarse dentro del mismo. No obstante, también aclara que la legislación no recoge ningún artículo que rece que se debe pedir permiso a un líder indígena para poder ingresar a esos territorios. “Bajo ninguna circunstancia tienen que pedir permiso. Eso no es constitucional”, replica el experto.
Según un comunicado de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, un grupo de líder indígenas, encabezados por Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, “impidieron” el ingreso de brigadistas del plan Toda una Vida al sector de Tigua, provincia de Cotopaxi, durante el fin de semana y “hasta amenazaron con retenerlos”.
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Con Granda concuerda el también jurista y analista político Marcos Miranda. Más allá del punto de vista jurídico, el también catedrático universitario califica como una “aberración” que no se permita el ingreso de ayuda estatal para una comunidad que lo necesita. “Hay intereses personales y existe una intención de desprestigiar los planes actuales del Gobierno y ganar protagonismo”, expresa el experto.
El hecho pone en entredicho la capacidad del Estado de llevar sus planes a los territorios indígenas, salvo que avisen con antelación a sus líderes para poder ingresar. A decir de Miranda, el Gobierno tiene todos los elementos para actuar, bajo el marco de la Constitución y la ley, frente a este tipo de situaciones. “Estar en un estado constante de amenaza entre indígenas y Gobierno no es propio de un estado democrático. Una cosa es escuchar amenazas constantes y otra actuar bajo el marco normativo”.
Granda tiene otra mirada. Cree que, si bien el Gobierno no debe pedir permiso para ingresar a un determinado territorio, no está de más comunicar con antelación la llegada de brigadas o de algún funcionario más aún con la tensa relación entre Gobierno e indígenas. “El Gobierno, para evitarse una controversia, podría haber notificado a los líderes de las comunidades indígenas. De esta manera, el Gobierno actuaría sin imponer sus decisiones y sin ceder. Tampoco puede ceder a lo que los líderes de las comunidades indígenas quieren imponer. Más bien ellos tienen que someterse a lo que establece la Constitución”.
El presidente Lenín Moreno, en el marco de un recorrido con las brigadas Toda una Vida en Durán, provincia del Guayas, se refirió al incidente. Desmintió que la finalidad de la presencia del Estado en esos sectores sea la de dividir al sector indígena, según argumentan sus líderes. “Si él (Jaime Vargas) tiene alguna prueba, sancionaremos a la persona que esté tratando de dividir a las comunidades”. La brigada, finalmente, luego del pedido de la comunidad, pudo ingresar a Tigua.
