Si se hubiesen cumplido las ofertas de campaña del presidente Lenín Moreno en el área educativa, Ecuador tendría ahora 40 nuevas universidades técnicas; al menos dos mil escuelas rurales reabiertas, y ningún bachiller se habría quedado sin cupo para entrar a la universidad.

En la práctica, este Gobierno llega a su término no solo con una larga lista de ofrecimientos incumplidos, sino con una deuda agravada por la pandemia de la COVID-19. Por citar un ejemplo, en lugar de crear más universidades públicas, les ha recortado los presupuestos a las existentes, a un nivel que casi les impide funcionar, según estas se han quejado.

La Asamblea del Sistema de Educación Superior del Ecuador (Asesec), consultada por este Diario sobre los temas que deja pendientes el Gobierno saliente y que deberá atender el entrante, cita entre los primeros el financiamiento del sistema y la entrega oportuna de los recursos que les corresponden a las universidades.

Eso, entre una decena de puntos que incluyen el respeto a la autonomía administrativa y financiera; e impulsar iniciativas legislativas cuyo fin sea garantizar el acceso de los jóvenes a los distintos niveles de educación, y asegurar la conectividad de toda la población.

La Secretaría de Educación Superior ofreció a este Diario una entrevista con su titular, Agustín Albán, para hablar al respecto, pero no la concretó.

En cambio, en diálogo con EXPRESO, la ministra Monserrat Creamer afirma que en educación general, los cuatro “ejes transversales” de esa cartera de Estado (calidad educativa, inclusión, equidad y aprendizaje a lo largo de la vida) se han cumplido “aceptablemente”. Así lo sustenta en su Rendición de Cuentas 2020.

No obstante, reconoce que hubo ofrecimientos de campaña que no se concretaron, aunque defiende que trabajaron en ello. Así, sobre las dos mil escuelas rurales precisa que reabrieron 141 (59 del régimen Sierra y 82 del de Costa). Y que dejan listas otras 300 para que las reabra el nuevo régimen.

Alega que hubo dificultad de ubicar a la población, pues debido al cierre, los alumnos o familias enteras se habían desplazado a otras zonas o ciudades en busca de educación.

Sobre la oferta de ampliar y fortalecer la educación inicial, Creamer dice que no solo creció la matrícula de niños de 3 a 5 años, sino que crearon el Servicio de Atención Familiar para la Primera Infancia (Safpi), donde los profesores iban a casas de las familias. Pero aduce que esto es parte de lo que cortó la irrupción de la pandemia.

De 320.122 matriculados en este nivel en el ciclo 2019-2020, se bajó a 273.579 en este año. “La mayor población que afectó la pandemia es la de educación inicial”, afirma Creamer.

La tercera titular de esa cartera de Estado en el régimen de Moreno (después de Fander Falconí y Milton Luna), reitera la diversificación de la oferta educativa que implementó el Gobierno para que niños y jóvenes pudieran seguir estudiando en medio de la crisis sanitaria y sin clases presenciales.

Pero también reconoce que hay un 2,5 % de la población estudiantil (unos 220.000 niños y adolescentes) “en riesgo de deserción escolar”. Esto es, que este año aún no se ha matriculado por diversos motivos.

La exministra de Educación, Rosa María Torres, reitera que varias de las ofertas iniciales de Moreno no se cumplieron o lo hicieron muy parcialmente. “La complicada herencia dejada por el gobierno de Rafael Correa en términos financieros, en 2017, y la irrupción de la pandemia en 2020, complicaron enormemente planes y realizaciones y exigieron replanteamientos de fondos”, dice, como probables causas.

La pandemia exigió nuevos parámetros no contemplados en materia de infraestructura escolar y de espacios de aprendizaje en el hogar y al aire libre, así como en materia de conectividad y de formación-capacitación docente, agrega.

Creamer y Torres coinciden en que el retorno a las aulas sigue siendo un tema pendiente, al igual que en otros países de la región. Y, sobre todo, el impacto real en el nivel y ritmo de aprendizaje de los estudiantes, algo que solo se podrá evaluar y conocer en los próximos años.

En el ámbito de la salud, el panorama es aún menos alentador. La llegada de la pandemia puso el dedo en la llaga de las grandes debilidades que tenía (y tiene aún) el sistema sanitario de Ecuador. Deficiencias que pasaban por falta de infraestructura, insumos, medicinas y hasta, incluso, personal especializado que se hiciera cargo de la crisis en el interior del ministerio. Nada de eso se ha logrado solucionar.

“El balance es francamente negativo y el resultado está a la vista”, manifiesta el doctor Hugo Romo, presidente del directorio de la Academia Ecuatoriana de la Medicina.

El especialista señala que el principal problema fue haber politizado y desmantelado el sistema de salud, una herencia que le dejó, asegura, el expresidente Rafael Correa a Lenín Moreno, pero que este último no supo (o no quiso) modificar.

“Las personas a las que se les colocó en calidad de ministros o ministras de Salud no cumplieron el rol que debieron haber cumplido”, dice Romo.

Un ejemplo de la inexperiencia, por ejemplo, fue dejar que se cierre en 2017 el hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela, que, a decir de Romo, habría servido de mucho en este año si se lo remodelaba y equipaba. A eso suma el “desmantelamiento del sistema de vigilancia epidemiológica”, al que han aludido la mayoría de los médicos y médicas entrevistados durante este año por EXPRESO al ser consultados por las razones del fracaso en el control del coronavirus.

Como el Neumológico, otros 43 establecimientos de salud públicos fueron cerrados entre 2017 y 2018, según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Varios cantones de Manabí como Manta, Bahía y Pedernales tampoco pudieron recibir de este Gobierno los hospitales adeudados desde el terremoto de 2016.

Los servicios médicos públicos mejorados que prometió el presidente Lenín Moreno en 2017 tampoco llegaron.

La corrupción también dejó imborrables huellas en el sistema, especialmente tras descubrir, por medio de las investigaciones fiscales, que personas sacaban medicamentos de los hospitales para revenderlos por afuera o que proveedores se confabulaban con gerentes y directores para firmar contratos sobrepreciados. Solo en el Ministerio de Salud, la Contraloría puso en marcha 96 exámenes especiales tras denuncias de sobreprecios y otros 41 exámenes más se realizaron en los centros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

El IESS despidió a al menos ocho gerentes por intentar hacer compras con irregularidades en el último año.

Tras estos casos, el Gobierno anunció la creación de un sistema unificado de medicamentos que, tras un año desde que se propuso, aún no ve la luz.

“Si me pregunta cómo estamos hoy, le diría que estamos obsoletos, no tenemos medicamentos, no tenemos insumos, mire lo que ha pasado en el Andrade Marín y en el Eugenio Espejo. Ese es el reflejo de todo el país”, afirma el líder gremial.

A mediados de semana, los médicos de ambos hospitales de la capital denunciaron falta de anestésicos y otras medicinas para intubar y tratar a pacientes con COVID-19 que llegan a las terapias intensivas.

“La realidad del país es realmente grave. En este momento los intensivistas del país están enfrentados a una situación muy compleja para el manejo de sus pacientes y los medicamentos llamados de primera opción no existen”, dijo el doctor Manuel Jibaja, jefe de UCI del hospital Eugenio Espejo.

Este Diario pidió información a Salud, pero hasta el cierre de esta edición las respuestas no llegaron. Tampoco se reprogramó una entrevista cancelada a última hora con el sexto ministro de Lenín Moreno, Camilo Salinas.

“He pedido que aceleren los procesos de adquisición de insumos médicos, cuentan con el presupuesto necesario. Dialogaré personalmente con los gerentes hospitalarios para conocer razones del retraso en las adquisiciones”, dijo en una entrevista con Teleamazonas.

Romo espera que la nueva ministra devuelva el tecnicismo al ministerio y saque a los políticos de las gerencias y direcciones de los hospitales.

SE DESCUIDARON OTRAS ENFERMEDADES NO COVID

Al igual que Romo, el doctor Washington Alemán, epidemiólogo guayaquileño, señala que el Ministerio de Salud descuidó el cuidado y tratamiento de las otras enfermedades como el dengue. “El nuevo presidente debe crear una secretaría técnica adjunta a la Presidencia no solo para que maneje las vacunas, sino para que maneje el programa de la lucha contra la pandemia, porque si solo dejamos esto a Salud se le va a comer todo el presupuesto en la pandemia y van a quedar abandonados todo el resto de programas que el Ministerio de Salud debe tener. Hay problemas de tuberculosis, dengue, problemas de hipertensión”, señala.

El uso del presupuesto para la emergencia fue precisamente lo que impidió que Ecuador tenga a tiempo las vacunas pentavalentes, según dijo el exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, ante la comisión de la Asamblea que trataba su juicio político. “Finanzas exhortó al Ministerio de Salud a que haga uso de los recursos del presupuesto asignado en el gasto corriente para la emergencia”, argumentó.