Una politica migratoria fijada con retrovisor

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Una politica migratoria fijada con retrovisor

Parte de los cambios se basa en lo vivido con Venezuela y Assange. El Gobierno no tenía alternativa, según asambleístas.

Trámite. El documento enviado por el Ejecutivo debe ser remitido a la Comisión de Relaciones Internacionales.

Las vivencias llevan a implementar cambios. La propuesta de reforma a la Ley de Movilidad Humana enviada desde el Ejecutivo a la Asamblea Nacional se basa, en gran parte, en lo que ha experimentado el país en política interna y externa, en los últimos años.

El documento plantea cuatro cambios en los artículos referentes a la protección internacional y el asilo a personas. De entrada, se clarifica que los que entran en el primer grupo tendrán los mismos derechos, pero también obligaciones como los ecuatorianos.

Sobre el asilo territorial, la propuesta que reposa en la Asamblea habla de otorgar un documento especial de viaje al asilado, de ser necesario, pero no incluye que el Registro Civil deba otorgar un documento de identificación a quien se encuentre en esta situación, como sí dice la actual normativa.

El asilo que otorgó el país al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, y las supuestas facilidades que tuvo para actuar desde la embajada de Ecuador en Londres, han replanteado las condiciones y reglas que debe aplicar el país en estos casos.

El rastro de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) quedaría borrado de la Ley de Movilidad con las nuevas reformas que plantea el régimen. Con esa supresión se entenderán como sudamericanas a las personas nacidas en Sudamérica y no a quienes pertenecen a Unasur, como reza la actual normativa.

Desde que inició el Gobierno del presidente Lenín Moreno, la relación con este sistema de integración regional no ha sido la mejor, dada la marcada tendencia a alinearse con los países que pregonan el socialismo del siglo XXI. Esta renuncia a Unasur facilita además otra de las propuestas en materia de movilidad humana del Gobierno: la solicitud de visas a los ciudadanos de determinadas nacionalidades.

El asambleísta René Yandún, que integra la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea, dijo a EXPRESO que, evidentemente, el Gobierno ha tenido que replantear las cosas en movilidad humana adaptándolas a lo que vive no solo el país, sino toda la región. “Al presidente no le queda otra alternativa que acomodarse a las circunstancias como para llegar a hacer un control, por ejemplo, del éxodo que viene desde Venezuela. Pero el control migratorio debe ser más amplio”, señaló.

La crisis carcelaria y la presencia de bandas internacionales en las prisiones del país también podrían encontrar algún respiro en las reformas en materia de movilidad. Según cifras oficiales, solo en la cárcel de Latacunga hay unos 2.000 ciudadanos colombianos internos.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, asegura que el proyecto impulsa un procedimiento expedito para aplicar deportaciones a personas que cometan delitos o incluso contravenciones graves en el país.

El legislador Fernando Flores, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, le dio a este Diario algunas pistas de cómo podría funcionar esta inmediatez: “Extranjero que sea encontrado cometiendo un delito flagrante podría ser deportado inmediatamente. Quienes no, tendrán derecho de defenderse”, dijo.