Ante la crisis que vive el IESS salen a la luz situaciones que caen en lo insólito y hasta en el ámbito de la injusticia.

No existe en el país una política tributaria general que contemple el todo de la carga impositiva vigente. Y ahora, con el fin de evitar la debacle del IESS se propone un aumento en el aporte patronal y personal, pero no se considera que todo incremento, por insignificante que parezca, conlleva mayores costos para las empresas y la disminución del poder adquisitivo de los afiliados. Rayando en el sinsentido, se estipuló que aquellos aportantes que tengan seguro privado -local o internacional- utilicen primero esa asistencia y solo después de agotar dichas coberturas acudan a la seguridad social nacional. Todos esos afiliados entonces contribuyen mensualmente, al igual que lo hacen sus empleadores, para pagar un servicio al cual solo tendrán derecho en última instancia.

La ampliación de la cobertura del afiliado a sus hijos menores de 18 años es loable y coherente con lo expresado en la Constitución: salud para todos, pero esa universalidad instaurada demagógicamente por el régimen anterior -pues no contaba con el financiamiento necesario- no puede sostenerse en la negación de atención a los aportantes que tienen el “privilegio” de contar con un seguro médico adicional, pues también están pagando mes a mes por aquel. La solidaridad no puede sustentarse en la inequidad y mucho menos en la irresponsabilidad. El gobierno correísta tomó los fondos del IESS dándoles el tratamiento de dineros públicos, cuando en realidad son recursos privados, acumulados a lo largo del tiempo por los afiliados y sus patronos. Quienes tuvieron a su cargo la dirección del IESS deben responder por el arbitrario y poco ortodoxo manejo de sus fondos. Sin embargo, nadie ha sido sancionado y hoy se espera que sean los perjudicados -los afiliados- quienes subsanen la crítica situación con sus propios recursos.

La opción de incrementar la edad de aportación merece un debate profundo, como ya se está dando en otros países. La propuesta obedece a una realidad tangible: la esperanza de vida promedio de la población ha aumentado y es necesario financiar la manutención de aproximadamente 20 años más. Pero tal cambio debería darse por razones demográficas, no por situaciones generadas por corrupción o manejos ineficientes.