El peaje divide las opiniones

Sorpresa causó en operadores turísticos, alcaldes y transportistas de la provincia de Santa Elena la decisión de entregar en concesión la vía Guayaquil-Salinas.

El ministro de Obras Públicas, Boris Córdova, dijo el martes a este Diario que se prevé tener, hasta enero próximo, el nombre de la compañía que se hará cargo de la carretera por los próximos diez años.

La concesión preocupa a comerciantes como Eliana Monasterio, afiliada a la Cámara de Comercio de Salinas, quien cree que la colocación de al menos tres peajes, anunciado por Córdova, incrementaría los costos de la transportación de los productos y, por ende, otro golpe a la alicaída economía peninsular.

El tarifario de peaje en la autovía Guayaquil-Salinas, que tiene 120 kilómetros de extensión, no ha sido definido, pero existe la posibilidad de que sea igual o mayor que el que pagan los vehículos en las demás vías concesionadas de la provincia del Guayas. Es decir, un dólar para livianos y dos para los buses.

“El Gobierno tiene que estudiar muy bien lo referente al número de casetas de peajes y la tarifa porque de ello depende que exista o no afectación, especialmente para el sector turístico y de la transportación”, dice el alcalde de Santa Elena, Dionicio Gonzabay.

Él considera conveniente que la carretera sea concesionada a la empresa privada para que exista un mantenimiento permanente que impide su destrucción, como ahora está ocurriendo, pero solo espera que las tarifas de peajes no sean muy onerosas porque aquello daría un gran golpe al sector turístico. Saca cuentas y asegura que tres dólares de ida y tres de retorno, en el mejor de los casos, significaría que los turistas deben aumentar 6 dólares al viaje de fin de semana a la playa en vehículos livianos.

Gonzabay recuerda que solo su cantón recibe entre 60.000 y 70.000 turistas los fines de semanas. A ello le suma los que acuden a los balnearios de Salinas y La Libertad, que podría aumentar las visitas a 300.000 personas durante los fines de semana de la temporada playera que comienza en diciembre y termina en abril.

Ernesto Solís, presidente de la Alianza de Transportes de Pasajeros Interprovinciales Peninsulares, dijo ayer a este Diario que el tema de la concesión de la carretera será analizada hoy en la Asamblea Nacional de las cooperativas de transportes peninsulares, porque creen que existirá un impacto directo a su actividad si se fijan altas tarifas de peaje.

En total, precisa Solís, son cinco las cooperativas de transporte interprovincial que movilizan un promedio de 250.000 pasajeros al mes, que podría reducir aún más sus ingresos mensuales, pues la crisis económica los afecta.

Durante los feriados de fin de año, Carnaval y Semana Santa, los buses de las cooperativas Costa Azul, CLP, Liberpesa, TransEsmeraldas y Baños Express duplican el número de personas transportadas.

Washington Magallanes, presidente de la asociación de transportistas pesados de la península de Santa Elena, cree que primero debe esperarse que concluya la concesión y se fijen las tarifas para definir una postura. En sí, la concesión no es mala, dice.

Su criterio es compartido por el hotelero Ottón Arboleda, expresidente de la Cámara de Turismo de Salinas, quien es partidario de una concesión que frene el deterioro de la autopista cuya construcción, concluida hace 10 años, costó 106 millones de dólares.

La concesión, dice, debe ir acompañada de un plan que incluso contemple el control de velocidad en la carretera, pero con radares que funcionen bien y no como lo que ocurre hoy en la autopista. Su criterio es que la colocación de peajes, no onerosos y que ayuden al mantenimiento, ayudará al sector turístico. “El costo se traducirá en beneficios”, dice.