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Giorgia Meloni.
Imagen de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.EFE

Italia vota en referéndum la histórica y polémica reforma judicial de Meloni

La nueva ley propone sorteos para elegir a los órganos de gobierno judicial y una separación estricta de funciones penales.

Italia celebrará los próximos 22 y 23 de marzo de 2026, un referéndum sobre la polémica reforma constitucional que pretende transformar el sistema judicial del país, uno de los proyectos estrella de su primera ministra, la ultraderechista Giorgia Meloni.

La reforma busca, según el Gobierno, modernizar el sistema judicial de Italia y equipararlo a los estándares de la mayoría de las democracias occidentales, pero buena parte de la magistratura y todos los partidos políticos de la oposición lo ven como una forma de doblegar a los jueces y debilitar su autonomía.

Estas son las claves de la reforma judicial sobre la que se pronunciarán los italianos el próximo fin de semana:

Separación de carreras

Es el núcleo de la reforma. Actualmente, un magistrado en Italia puede alternar funciones de fiscal (acusación) y de juez (sentencia) a lo largo de su trayectoria.

La nueva norma impone una separación estricta: los aspirantes deberán elegir una de las dos vías desde el inicio de su carrera sin posibilidad de retorno, con el fin de garantizar la máxima imparcialidad del juez frente a las partes.

Un doble Consejo de la Magistratura

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Como consecuencia de la separación de funciones, el actual Consejo Superior de la Magistratura (CSM) se dividirá en dos órganos de gobierno independientes: uno para los jueces y otro para los fiscales.

Aunque ambos estarán presididos simbólicamente por el Jefe del Estado, operarán de forma autónoma para que la gestión y promociones de quienes acusan no dependan del mismo organismo que regula a quienes juzgan.

El sorteo contra las "corrientes"

Para frenar la influencia de las facciones políticas o "corrientes" dentro de la magistratura, la reforma propone que los miembros de estos consejos sean elegidos mediante sorteo entre todos los magistrados del país.

Este punto es uno de los más polémicos, ya que la Asociación Nacional de Magistrados lo tilda de degradante por confiar el gobierno de la justicia al azar en lugar del mérito.

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La primera ministra Giorgia Meloni, en un acto de campaña en apoyo al referéndum «Sí a la justicia», este 12 de marzo de 2026, en Milán.AFP

Alta Corte Disciplinaria

Como complemento a la reestructuración del sistema, la reforma prevé la creación de un tribunal exclusivo para juzgar las faltas profesionales o éticas de los magistrados.

El objetivo de la nueva Alta Corte Disciplinaria es extraer la facultad sancionadora del seno del órgano de gobierno judicial, aportando mayor objetividad y rigor a la supervisión de la conducta de jueces y fiscales.

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Al ser una consulta de tipo confirmatorio (necesaria porque la reforma no alcanzó la mayoría de dos tercios en el Parlamento), no se requiere un umbral mínimo de participación.

Esto implica que la reforma entrará en vigor si los votos afirmativos superan a los negativos el próximo 23 de marzo, independientemente de cuántos ciudadanos acudan finalmente a las urnas, lo que traslada toda la presión a la capacidad de movilización de los partidos.

El mapa de la justicia

Con este cambio, Italia busca alinearse con el modelo de países como España, Francia, Alemania, Reino Unido o Estados Unidos, donde las carreras de juez y de fiscal están diferenciadas.

De aprobarse el "Sí", Italia abandonaría el bloque de sistemas unificados que aún mantienen países como Rumanía, Bulgaria, Albania, Egipto o el Líbano. 

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