Minería ilegal en Ecuador: impacto ambiental y acciones del Estado para combatirla

La selva amazónica ecuatoriana, rica en biodiversidad y recursos minerales, se ha convertido en un campo de batalla. El 9 de mayo de 2025, once militares fueron asesinados en una emboscada en Alto Punino, Orellana, durante un operativo contra la minería ilegal. El ataque, atribuido a Comandos de la Frontera (una disidencia de las FARC), marcó un punto de inflexión en la estrategia del Estado ecuatoriano.

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Desde aquella masacre, el Gobierno ha intensificado los operativos militares. Más de 1.500 efectivos fueron desplegados en la zona, desmantelando al menos 12 campamentos ilegales equipados con anillos de seguridad y estructuras para la explotación minera. Las Fuerzas Armadas han identificado vínculos entre estos grupos y organizaciones criminales como Los Lobos, involucradas también en narcotráfico, extorsión y control carcelario.

El comandante del Ejército, Henry Delgado, confirmó en una entrevista a un medio escrito la captura de individuos con armamento militar y la destrucción de infraestructura minera ilegal. Además, se han iniciado procesos judiciales contra varios detenidos, acusados de terrorismo, minería ilegal y tráfico de armas.

Sin embargo, expertos advierten que las acciones militares y judiciales, aunque necesarias, no son suficientes. “Estas redes operan con estructuras logísticas complejas, financiamiento internacional y protección local. Requieren una respuesta integral”, sostiene el analista de seguridad Jorge Arteaga.

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Los grupos armados ilegales han desarrollado sofisticados sistemas de defensa, con hasta cinco círculos de seguridad, explosivos como dinamita y granadas, y un conocimiento estratégico del terreno amazónico, lo que les permite moverse y ocultarse con facilidad.

La minería ilegal afecta el medio ambiente

La minería ilegal no solo financia al crimen organizado, sino que también devasta el medio ambiente. Un estudio de la Corporación Participación Ciudadana reveló altas concentraciones de mercurio en los sedimentos del río Punino. 

Y aunque los metales pesados todavía no han alcanzado la ciudad de Francisco de Orellana, el agua que abastece a la población llega cargada de sedimentos, lo que ha elevado los costos y tiempos de los procesos de potabilización.

Entre noviembre de 2019 y junio de 2024, más de 1.422 hectáreas de bosque amazónico fueron deforestadas por minería aluvial. Y solo en los primeros meses de 2025, se estima que otras 300 hectáreas fueron afectadas. Francisco Aguirre, vocero de una empresa ambiental, advierte que la minería ilegal, al operar sin permisos ni controles, genera daños ecológicos a gran escala.

“A corto plazo, afecta la salud de los habitantes. A largo plazo, interrumpe la sucesión ecológica”, explica. Su propuesta: identificar focos de extracción y promover proyectos de minería artesanal regulada, con estándares ambientales.

El coronel retirado Wilson Goyes, director de la Escuela de Riesgos UIDE, coincide en que la solución no puede limitarse al uso de la fuerza. “Es necesario perseguir el lavado de activos, congelar cuentas y desmantelar las estructuras económicas de estas redes. Se requieren unidades especializadas, protección para jueces y fiscales, y un combate frontal a la infiltración institucional”, plantea.

Goyes habla de aplicar un modelo de control territorial integral, inspirado en experiencias de pacificación en Brasil y Colombia. “No basta con desalojar. El Estado debe establecer una presencia permanente en zonas liberadas, con policía, servicios sociales y registros civiles”, concluye.

Atender causas fundamentales para erradicar minería ilegal

Mientras el Estado ecuatoriano intensifica los operativos militares en Alto Punino y avanza en procesos judiciales contra redes de minería ilegal y narcotráfico, expertos coinciden en que la solución de fondo requiere mucho más que fuerza.

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“Inspirado en el modelo de Ghana, donde la minería artesanal ha sido formalizada con éxito, Ecuador podría implementar programas urgentes de empleo, capacitación y apoyo a emprendimientos legítimos en las zonas más afectadas. El dilema es claro: ‘oro legal o hambre’. Sin opciones económicas reales, muchas comunidades seguirán dependiendo de actividades ilegales para sobrevivir. Además, el ingreso de sustancias como el mercurio, esencial para la minería aluvial, debe ser controlado con mayor rigor”, alerta Goyes. Y es importante implementar vigilancia estricta en puertos y fronteras.

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