Excavadoras: una evidencia del poder de la minería ilegal en el país
El Ejército ha inutilizado 291 excavadoras entre septiembre de 2024 y mayo. Cada una vale, en promedio, $ 150.000
Los brazos de la minería ilegal son de metal. Funcionan con presión hidráulica y avanzan sobre orugas que no pisan: arrastran, desgarran y aplastan todo rastro de vida vegetal o animal. Son las excavadoras: la herramienta principal de la devastación y la prueba visible de un poder económico criminal.
Un dato que dibuja la magnitud del negocio es la cantidad de maquinaria destruida o inhabilitada por el Ejército ecuatoriano: 291 excavadoras entre el 1 de septiembre de 2024 y el 13 de mayo de 2025.
Cada una cuesta, en promedio, 150.000 dólares, lo que implica que las organizaciones criminales han perdido al menos 43,6 millones de dólares en el negocio ilícito del oro.
Eduardo Andrés Rojas, del colectivo Napo Ama la Vida, revela que solo en Napo se calculan alrededor de 300 excavadoras operando ilegalmente “lo que da señales claras de que no existe una política de seguridad enfocada en el control del paso de excavadoras”.
El activista sostiene que en 2023, la Asamblea Nacional emitió un informe de fiscalización sobre la minería ilegal en Yutzupino, “en una de sus recomendaciones determinó que se debía mejorar la legislación para controlar de forma eficiente el traslado de maquinaria pesada por el territorio nacional. Sin embargo, nada se ha hecho”.
Los controles limitados
Para el Ejército ecuatoriano, destruir una excavadora resulta más efectivo que incautarla. Su accionar está amparado en el artículo 26 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La destrucción inmediata evita que la maquinaria vuelva a ser utilizada. Estos equipos, excavadoras, y dragas, son costosos y resistentes. Si solo se los incauta, su destino queda en manos de un juez, lo que puede tardar un año o más. Y con la corrupción judicial aumenta el de que regresen a las manos de las mafias.
La mayoría de operativos ocurre en zonas de difícil acceso, como el Alto Punino. Remolcar las máquinas hacia los centros urbanos es inviable.
Un reportaje de Bitácora Ambiental, publicado el 12 de mayo, expone el crecimiento inusitado en las importaciones de excavadoras. Entre 2022 y 2024 ingresaron al país 2.837 unidades. En dólares, fueron 81,1 millones en 2024, 75 millones en 2023 y 107,8 en 2022.
La gran pregunta que sigue sin una respuesta: ¿Cuántas se usan para construcción legal y cuántas para destruir ecosistemas en busca de oro?
El único control formal es el registro obligatorio ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que exige placa y número de matrícula. Pero en los ríos de la Amazonía, las excavadoras trabajan a la vista de todos, sin placas ni regulación, mientras remueven tierra, arrasan piedras y tumban árboles.
Poder. En 2022, el Ejército incautó 108 excavadoras en un operativo en Yutzupino, en Napo. Al poco tiempo volvieron las maquinarias.
Masacre
El 9 de mayo de 2025, 11 militares fueron asesinados durante un operativo contra la minería ilegal en la zona del río Punino. El ataque fue atribuido a los Comandos de la Frontera, una disidencia de las FARC, que levantó las alertas sobre este fenómeno criminal. Allí se encontraron campamentos mineros.
Deforestación
Entre noviembre de 2019 y junio de 2024, 1.422 hectáreas fueron deforestadas por la minería irregular, de acuerdo con información de la fundación Ecociencia y el Programa Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés). El daño también se dan en ríos contaminados con mercurio, que es altamente tóxico.
Contaminación
Napo Ama la Vida revela que el Río Napo concentra 500 niveles por encima de la normativa permisible de metales como mercurios, plomo o cadmio. Y el suelo, apenas el 12% de los suelos son aptos para la agricultura y estos se encuentran en el lecho de los ríos que son afectados por las excavaciones.
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