Una millonaria planta para basura hospitalaria, inactiva

En el botadero de Las Iguanas existe una bodega de gallinazos, palomas y murciélagos que le costó al país $ 2,6 millones de dólares. La conocen como Ecodas T2000 y se suponía que constituiría una de las soluciones más innovadoras para el tratamiento de desechos infecciosos de la ciudad, pero está inactiva.

El 16 de enero de ese año, con toda la parafernalia que acostumbran a llevar los funcionarios públicos al inaugurar obras emblemáticas, Carina Vance y Lorena Tapia, entonces ministras de Salud y Ambiente, en ese orden, anunciaban los poderes de este nuevo hijo que nacía para luchar contra la contaminación: cortará, desinfectará y convertirá a los desperdicios hospitalarios en desechos comunes; además, los esterilizará utilizando vapor de agua. Al final, la basura generada en los nosocomios saldrá libre de bacterias y virus.

Se supone que su funcionamiento se probó un mes antes y que tras un análisis de los resultados se demostró un eficiente manejo. Y, aquí viene el primer ‘pero’ del proyecto, aunque Salud sostiene que sigue siendo así, incluso tras cinco años de inactividad, el Cabildo increpa.

O más bien un funcionario del Cabildo. El director de Aseo Cantonal. En un documento al que tuvo acceso EXPRESO, Gustavo Zúñiga, en febrero pasado pide al alcalde, además de la devolución de la planta, la terminación de un convenio firmado en 2015 con esa cartera, que tenía como fin poner al Municipio como rector de la tarea de tratar la basura infecciosa.

Zúñiga argumenta su pedido. Recuerda que para efecto de ese convenio el Municipio creó una ordenanza que incluía una tasa para ofrecer el servicio diferenciado de recolección de desechos hospitalarios por medio de la contratación de un operador.

Sin embargo, escribe, no es posible implementar este proceso, porque el Ministerio del Ambiente otorga licencias para que los residuos se traten al interior de los establecimientos de salud, y con eso “no hay garantías de la sustentabilidad económica del servicio”.

Para entender aquello, hay que retroceder un año en la historia. El 20 de noviembre de 2014, en el registro oficial 379, se publicó el Acuerdo Interministerial entre los ministerios de Salud Pública y Ambiente, mediante el cual se expidió el reglamento para la gestión integral de desechos sanitarios, que da potestad a los generadores a, individualmente, realizar el tratamiento de estos en sus establecimientos, para que, cuando salgan de allí, puedan ser tratados como desechos comunes sin necesidad de que entren a un proceso externo.

Al no tener los establecimientos que pagar una tasa, argumenta el director de Aseo, no se asegura el retorno económico por el servicio al Municipio.

La problemática aparece cuando, pese a aquello, hay hospitales, clínicas, consultorios, veterinarias y demás establecimientos, incluidos los del Ministerio de Salud, que no tienen plantas de tratamiento internas y deben pagar a un operador externo por el servicio.

“Resulta inadmisible que pese a los ingentes recursos invertidos por el Estado ecuatoriano se hayan tenido que adoptar este tipo de medidas (un gestor externo) para el tratamiento de desechos generados por los establecimientos hospitalarios, mientras que el producto de la inversión pública se mantiene en el abandono”, sigue la entidad.

Según el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, que rige a los gobiernos autónomos, y al Reglamento Interministerial para la gestión integral de desechos sanitarios, “el Municipio debe encargarse de la gestión externa de los desechos sanitarios (recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos)”.

Ese argumento legal también lo incluye el Ministerio de Salud en su respuesta a este Diario, pero Zúñiga no calla. “Esa planta no es la solución para el manejo de los desechos biomédicos en la ciudad, sino solo para una parte de los que generan los hospitales del Ministerio de Salud. Para tratar todos, habría que poner, si quiera, cinco de esos aparatos”.

Según sus cifras, Guayaquil genera entre 13 y 15 toneladas de desechos de este tipo a diario. La planta en cuestión tiene una capacidad aproximada de 200 a 300 kilogramos de desechos sanitarios infecciosos por ciclo, es decir en un lapso de 8 horas, se trataría aproximadamente apenas de 1 a 1,5 toneladas.

Salud explica que así nació la máquina, sirviendo a medias. “De manera inicial se procesarían los desechos sanitarios infecciosos provenientes de los establecimientos del Ministerio de Salud Pública, y posteriormente se ampliaría de forma paulatina dependiendo de la demanda de la ciudad, lo cual le corresponderá al Municipio de Guayaquil”.

“Bajo ese escenario, ellos están diciendo que la competencia municipal es solo para una parte de los desechos de los hospitales de Salud. ¿Y el resto de la ciudad? Se supone que nosotros debíamos poner el resto, y eso significan un montón de millones de dólares”, refuta Zúñiga.

Ese, en resumen, es el comienzo de una nueva historia en donde, como en la época de Rafael Correa, Municipio y Gobierno no logran ponerse de acuerdo para llevar adelante un proyecto para bien de la comunidad.

El director de Aseo Cantonal suelta una posible solución: “Estamos dispuestos a firmar un nuevo convenio para que puedan ingresar con un operador contratado por ellos, que opere dentro de las regulaciones legales y técnicas. ¿No que funciona? ¡Que lo hagan, pues!”.

“La solución debe ser integral”

En el 96, el Municipio contrató a la Organización Panamericana de la Salud y a la Escuela Superior Politécnica del Litoral para que asesoren y determinen el camino a seguir en el manejo de los desechos biomédicos.

Allí se determinó que la solución debía ser centralizada, integral, y estar a cargo del Cabildo.

El director de Aseo Cantonal cree que con la permisividad a los establecimientos para que traten sus residuos se abandonó el proyecto inicial.