Según un informe de Naciones Unidas, el número de migrantes en el mundo creció de 173 millones en el año 2000 a 258 millones en 2017. Así, 2,8 % de su población fueron migrantes en 2000 y en 2017 el porcentaje se incrementó hasta llegar a 3,4 %. El mismo informe indica que Asia y Europa son los dos continentes con más migrantes (78 y 80 millones respectivamente) y América del Norte les sigue en tercer lugar. En el rango de países, EE. UU. ocupa el No 1 con 50 millones de migrantes, seguido por Alemania, Rusia y Arabia Saudita. Si bien América Latina no se encuentra en estos ‘rankings’, no es ajena al fenómeno: siempre hubo flujos de migrantes hacia, desde y dentro del continente. Y Ecuador es uno de los países con más experiencia en este tema: muchos de sus ciudadanos han cruzado las fronteras buscando una vida mejor, y también tiene una larga trayectoria como país receptor ofreciendo un entorno seguro a cientos de miles de víctimas del conflicto interno en Colombia. Los ecuatorianos han recibido a esta población con los brazos abiertos, incluso inscribiendo en su Constitución la ‘ciudadanía universal’, que ofrece a los extranjeros los mismos derechos que a sus propios ciudadanos. En la Unión Europa no hemos llegado tan lejos.

La migración en su esencia no es nueva y los primeros años de este siglo nos han mostrado que no es posible negar su impacto sobre nuestras sociedades, sobre todo por su amplitud. Esta realidad va a crecer aún más, ya sea por conflictos entre o dentro de un país, o por las fuerzas de la naturaleza. Y cuando alcanza proporciones demasiado visibles pone a prueba la capacidad del ser humano para adaptarse. Resulta complejo aceptar otras culturas, tradiciones, valores, religiones; aun cuando se sabe, al menos en el caso de Europa que, por una necesidad demográfica, sin los migrantes, los jóvenes de hoy no serán capaces de cuidar a los jubilados de mañana. Se puede mirar a la migración como una oportunidad, si se quiere. Sin embargo, el ‘éxodo’ de ciudadanos de Siria (y otros países en guerra) escapando de la violencia hacia Europa, los 3,2 millones de venezolanos (se estima que habrá 2 millones más en 2019) que buscan refugio en los países vecinos, y las caravanas de centroamericanos acercándose a la frontera entre México y EE. UU. son un fenómeno fuerte que asusta. Una situación delicada que alimenta el miedo, fácilmente explotado por algunos líderes del siglo XXI, que utilizando las herramientas virtuales de la 4ta revolución industrial siembran dudas sobre los fundamentos constitucionales básicos, queriendo hacer creer que los derechos humanos ya no son universales. Hemos llegado a un punto en que se necesitan ‘políticas de migración’ complementarias nacionales, regionales y mundiales. Es como el cambio climático. No tiene fronteras, la lucha debe ser de todos. Igual sucede con la migración. Un país no puede dejar entrar a todos los migrantes ni cerrar totalmente sus fronteras. Un migrante es un ser humano, no se le puede negar la protección; si anhela mejorar su vida, debemos desarrollar políticas que ofrezcan una opción ordenada dentro de la legalidad. Y para que sean eficaces, se tiene que trabajar con los vecinos a nivel regional, y con los más lejanos a nivel mundial. Manejar los flujos migratorios se ha vuelto una de las prioridades de la UE en los últimos años (con buenos resultados, pero con dificultades aún no resueltas) y ha tenido eco en Ecuador con la Declaración de Quito sobre Movilidad Humana de ciudadanos en la que se intercambiaron experiencias entre vecinos para afrontar este desafío; y también ha animado a 152 países a firmar el Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular: una declaración de intenciones, no jurídicamente vinculante, o el inicio de una política global que enfrente el fenómeno de la migración en el siglo XXI.