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El martes se resolverá la apelación a la prisión preventiva de Eliseo Azuero

El legislador es uno de los involucrados en posible delincuencia organizada que investiga al exasambleísta Daniel Mendoza

CASO ELISEO AZUERO
El 17 de julio en la Corte se hizo la vinculación del asambleísta Eliseo Azuero y otros, al caso de delincuencia prganizada.Cortesía

Para el martes 4 de agosto a las 11:00 se fijó la audiencia del recurso de apelación a la prisión preventiva presentado por el asambleísta Eliseo Azuero, Jorge Jalil, Pablo Cruz, Esteban Velásquez, Mario Ordoñez, Danny Calderón y José Párraga. 

El pasado 17 de abril, 13 personas fueron vinculadas al expediente de posible delincuencia organizada que se abrió en contra del exasambleísta Daniel Mendoza. En el caso cerca de una veintena de personas son investigadas por presuntas irregularidades registradas en la construcción del Hospital de Pedernales

Además de Mendoza recibieron cargos su asesor Jean Benavides a quien también se le investiga por supuesto lavado de activos. En mayo, en un operativo cumplido en Manabí y Pichincha se produjo su detención y la de otras personas. Se encontraron maletas y mochilas llenas de dinero. Entre efectivo y cheques se decomisó cerca de 1.7 millones de dólares. El tribunal de apelación lo conforman los jueces Iván Saquicela (ponente), Daniella Camacho y David Jacho.

La instrucción fiscal del caso inició el pasado 5 de junio y debía extenderse por 90 días. Con la vinculación de Azuero y otros, la investigación se extendió por un mes más. Para imputar cargos a Azuero la Fiscalía presentó cerca de una veintena de elementos. Entre ellos la transcripción de la conversación mantenida entre Mendoza y Azuero en la que hablan de dinero, repartos, asambleístas, obras y otros temas. 

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Todos los mencionados en el diálogo fueron llamados a dar versión en la Fiscalía. Entre ellos los compañeros de la bancada legislativa BADI a la que pertenece Azuero, quienes deslindaron cualquier responsabilidad en actos de corrupción. Adicionalmente, como hubo mención del nombre de la ministra de Gobierno María Paula Romo, la funcionaria también fue citada. 

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En su testimonio Romo recordó que las investigaciones iniciaron por un pedido de ella quien, mientras se encontraba en Guayaquil, recibió mensajes a su celular en los que se alertaba de la existencia de un ingeniero civil que habría sido utilizado por el exasambleísta Mendoza para efectuar 'movimientos' al margen de lo legal. 

Le habrían mencionado que tenía cheques por más de 750.000 dólares y y que debía retirar otros por medio millón del Consorcio Pedernales. Se habría hablado de la necesidad de retirar el dinero de forma urgente para destinarlo a pagar votos a unos asambleístas. El señalamiento coincide con los mensajes hallados en celulares de los procesados.