Los ‘Panama papers’ trastocaron la reforma
Antes de la aprobación de la reforma tributaria se agregaron cambios de forma y de fondo. Uno de los más significativos fue la reducción de dos puntos porcentuales en el IVA, si la compra se realizó con dinero electrónico. Es decir, el impuesto de 14 %
Otra sacudida. El terremoto del 16 de abril no fue el único motor de la nueva reforma tributaria, que se aprobó ayer con 94 votos. El escándalo de los ‘Panama Papers’ también agregó dos artículos a la normativa que planea recaudar, al menos, 1.090 millones de dólares, en un año.
Según los integrantes del oficialismo, la evasión tributaria es un problema real en el país y se necesitan reglas más estrictas. La primera involucra una sanción de hasta 111.700 dólares para los abogados que no la cumplan.
El artículo 22 de la reforma tributaria ordena que los estudios jurídicos presenten una declaración juramentada con los nombres de las empresas que ayudaron a constituir en el exterior. Una disposición, que según expertos, vulnera el secreto profesional.
El asambleísta independiente, Ramiro Aguilar, considera que la exigencia no atenta contra la relación jurista-cliente porque no pide información confidencial. El proyecto solicita la notificación de la creación de empresas. Si esa compañía es ilegal, agregó, se determinará tras una investigación del Servicio de Rentas Internas.
Luis Fernando Torres, legislador de Cambio/Social Cristiano, no está de acuerdo. A sus ojos, exigir una declaración juramentada es un atropello y no remediará el problema de evasión. “Solo trasladará los estudios jurídicos a otros países”, dijo a EXPRESO.
Para la asambleísta de Madera de Guerrero, Cristina Reyes, la norma estigmatiza la apertura de empresas offshore. “No es un delito”, aclaró.
Con ella coincide el constitucionalista y catedrático universitario, Rafael Oyarte. Para él, además, los abogados no pueden revelar esa información porque “deben guardar secreto sobre los señalamientos que hace el cliente”. Romper eso sería un delito, agregó.
Oyarte resaltó que las autoridades de control tributario deben “enterarse por los canales regulares” de las actividades ilícitas. Otra diferente, e inconcebible, es que haya delación del abogado respecto al cliente.
Vethowen Chica (PAIS) cree que los cuestionamientos a la norma son malintencionados. Por encima de todo, aseguró a este Diario, está el bien común. Un bien que necesita transparencia en las cuentas de los contribuyentes, aseguró.
La otra herencia de los ‘Panama Papers’ fue idea del oficialista Fausto Cayambe. Él introdujo una obligación para que las empresas extranjeras que tengan bienes en Ecuador obtengan un Registro Único de Contribuyentes (RUC). Para las existentes habrá un plazo de 90 días para cumplir el trámite.
