El ‘hoyo’ del sistema electoral
La Contraloría precisa que no se investiga a las organizaciones políticas. Atamaint dice que el problema se dio antes del CNE transitorio y del actual.
El sistema informático utilizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) desde el 2012 para los procesos de inscripción, registro y extinción de organizaciones políticas, está en la mira de la Contraloría General del Estado. El ente realiza un examen especial de auditoría a la forma en que varias organizaciones políticas habrían logrado su vida jurídica para participar en los diferentes procesos.
El contralor Pablo Celi aclaró que el examen no es a las organizaciones políticas sino al sistema del CNE. Precisó que es un examen, que entre otros aspectos, abarca el sistema informático usado por el organismo en todos sus procesos. El periodo de análisis va desde enero de 2015 hasta mayo del año pasado.
“No es un examen a las organizaciones políticas, es un examen al CNE que es el que debía, mediante un sistema informático que precautele y tenga las garantías técnicas y de gestión suficientes, realizar un adecuado control del cumplimiento de la normativa legal y procedimental para estas tres condiciones: la inscripción, el registro y la extinción de las organizaciones”, aseveró.
Celi detalló el alcance del informe en marcha durante su comparecencia a la Asamblea Nacional, ayer. Ahí participó de la firma de un acuerdo con la Secretaría Anticorrupción, para la creación de unidades antisoborno en coordinación, cooperación y acompañamiento de otras instituciones “para la promoción de buenas prácticas, la prevención y lucha contra la corrupción”.
Además, el contralor señaló que en el borrador de informe se evidencian ya las observaciones y las irregularidades encontradas. Figuran incumplimientos legales, procedimentales y de requisito. “Es decir, que el sistema que el Consejo Nacional Electoral usó no tuvo todos los recaudos necesarios para cumplir con los objetivos”.
Como lo dijo EXPRESO, en ediciones de la semana pasada, en el borrador de informe, el organismo de control no encontró una herramienta autorizada para el procesamiento de información del Registro Electoral para las elecciones generales y la Consulta Popular de 2017 (donde se ponían reglas para los funcionarios públicos y sus recursos en paraísos fiscales). También hubo la misma falla en el proceso de Referéndum y Consulta Popular de 2018. ¿El resultado? Estos procesos contaron con personas fallecidas, extranjeras o que no cumplieron con los años de residencia en el país.
La falta de control en la elaboración del registro electoral permitió la inclusión de 26.101 personas que no cumplieron los requisitos para sufragar en el proceso electoral y consulta popular 2017, y de otras 9.396 personas en la consulta impulsada por el presidente Lenín Moreno en 2018.
Se permitió, además, el cambio de domicilio electoral a 22.365 ciudadanos que mantenían multas pendientes por no sufragar en procesos electorales anteriores a los efectuados en los años 2017 y 2018. En el informe final, adelantan las autoridades, se evidenciarán otras anomalías.
De su parte, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, se desmarcó de los resultados preliminares de la Contraloría. “Los resultados no corresponden al transitorio ni al Consejo actual”, sostuvo la funcionaria que también llegó a la Asamblea para la firma del convenio de lucha contra la corrupción.
Dijo que desde el CNE se revisará y de ser necesario se cumplirán los cambios de todos los sistemas informáticos existentes. Afirmó que se encuentra trabajando al interior del organismo en este tema a fin de tener una propuesta. Dijo, sin embargo, que primero esperarán conocer cuáles son las recomendaciones definitivas que haga Contraloría para actuar de forma inmediata.
“Nosotros tendremos que responder una vez que hayamos recibido oficialmente las recomendaciones”, sentenció.
En contra de la corrupción
El presidente de la Asamblea, César Litardo, firmó un convenio con la Secretaría Anticorrupción para la de certificación ISO 37001 anti soborno, y la creación de una Oficina de Integridad, encargada de investigar actos de corrupción en el Legislativo, y establece mecanismos de coordinación, cooperación y acompañamiento para prevenir y luchar contra la corrupción.
