Ley de Suelo puso a prueba a la mayoría y ADN reculó

El fallido segundo debate de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo evidenció las disconformidades al interior de la mayoría que coordina Acción Democrática Nacional (ADN) en la Asamblea. El texto regresó a la mesa de Gobiernos Autónomos Descentralizados para incorporar los cambios acordados.

El asambleísta Milton Aguas (ADN), tras exponer las bondades de la propuesta, solicitó el martes pasado en el Pleno la suspensión del punto y mencionó una reunión con representantes de otras fuerzas políticas que sugirieron modificaciones.

“Previo a este Pleno nos reunimos con asambleístas de las distintas bancadas. Escuchamos sus observaciones, que son muy válidas”, dijo.

Una pista sobre la decisión de suspender la aprobación de la iniciativa surgió minutos después. Fernando Nantipia, aliado de ADN y ex-Pachakutik, cuestionó que no se hayan considerado los planes de vida de las comunidades y pueblos indígenas en la planificación territorial de los municipios. Señaló que era necesario incorporar un artículo que especifique ese aspecto.

La frágil mayoría de ADN

ADN mantiene una mayoría inestable en medio del debate de temas complejos. En ese contexto, la intervención de Nantipia resultó reveladora: el oficialismo no contaba con los votos necesarios.

Para el correísmo, la propuesta se articula con la ley urgente sobre incentivos tributarios para la construcción de viviendas de interés social. Esa normativa plantea que los constructores puedan reducir su Impuesto a la Renta a cambio de entregar viviendas al Estado.

Correísmo advierte "combo" de leyes

Luis Fernando Molina (RC) señaló: “Este es un combo que promueve tres proyectos de ley: la económica urgente sobre las viviendas de interés social, la modificación de la ley de uso de suelo y hay una tercera reforma en tratamiento sobre la Ley de Vivienda de Interés Social”.

Para Molina, la estrategia es otorgar al presidente de la República la facultad de declarar de interés social proyectos de vivienda, sobrepasando las competencias de las alcaldías y transfiriendo atribuciones a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial.

Oficialismo busca restar competencias a los GAD

El proyecto que regresó a la mesa legislativa establecía que, a partir de la declaratoria, se generan obligaciones para los municipios en cuya jurisdicción se ejecute el proyecto. Entre ellas, garantizar a la declaratoria de Proyecto Estratégico Nacional de Construcción de Vivienda la plena equivalencia legal con la figura de Declaración Responsable, como título habilitante para el inicio de obras y emitir permisos, informes y actos administrativos posteriores al inicio de obra en un plazo máximo de 30 días.

Sobre este punto, el experto en legislación para los GAD y representante de GobernanzaEC, Diego Cevallos, explicó que, en la práctica, la declaratoria sí podría incidir en la autonomía de los GAD, al abrir la puerta para que, de manera excepcional, se modifiquen los planes de uso y gestión del suelo que los municipios ya tienen desarrollados.

Superintendencia podría emitir licencias para proyectos

Pero para Cevallos también hay otro punto polémico, que se relaciona con el catálogo de facultades que se le asigna a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Una de ellas es que ante la falta de resolución sobre las licencias para los proyectos, se puede recurrir a la Superintendencia para que otorgue los permisos con la misma valía legal.

Aunque más allá de las facultades que tradicionalmente son de competencia de los municipios, Cevallos cuestiona la real capacidad de la Superintendencia para asumir las nuevas facultades.

Por ahora, la comisión tiene ocho días para ajustar la propuesta. Y ADN tiene el mismo tiempo para convencer a sus aliados de asegurar los 77 votos necesarios para pasar la propuesta. 

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