Ley para incentivar vivienda: Olsen suspende segundo debate para incorporar ajustes

El Pleno de la Asamblea Nacional sesionó este 26 de marzo de 2026 para realizar el segundo debate del informe del proyecto de Ley reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno para incentivar la construcción de viviendas de interés social (llamada ley sobre vivienda social), calificado como urgente en materia económica. 

Casi al final del debate, el asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN) solicitó incorporar algunos puntos en el proyecto de Ley presentada el pasado 9 de marzo por Daniel Noboa, debido a que la legisladora de la Revolución Ciudadana (RC), Paola Cabezas, manifestó en el Pleno que si el texto se aprueba, interpondrá una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional.

Castillo criticó que los asambleístas que intervinieron en el debate no hayan presentado las observaciones por escrito en la comisión. Por ello sugirió incorporar puntualizaciones como ampliar la lista de beneficiarios y no solo a los que constan en el Registro Social, así como especificar que la donación de la vivienda no sea al ente de control, sino a las personas beneficiadas.

También solicitó que se permita la posibilidad de construir en el terreno propio del posible beneficiario; que se haga un convenio entre la empresa donante, el Ministerio de Infraestructura y el beneficiario y que se coloque en la escritura pública las condiciones de la propiedad: "cuál fue el recurso que se entregó, cómo se entregó".

El objetivo, según Castillo es que se amplíe la lista de beneficiarios de las viviendas a los usuarios de los créditos que actualmente otorga el Gobierno como Credicasa, crédito del IESS, entre otros. "Que siga habiendo la posibilidad de que el Estado y las empresas puedan aportar la para primera cuota", indicó.

Tras esa petición, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, suspendió el debate y ordenó que el informe vuelva a la Comisión de Desarrollo Económico para que la presidenta de esa mesa, la oficialista Valentina Centeno, incorpore esos ajustes. 

¿Qué es la Ley sobre vivienda social?

El proyecto plantea la reducción de hasta el 30% del impuesto a la renta para los empresarios que donen viviendas de interés social, con el propósito de que esas casas sean posteriormente entregadas por el Gobierno a las personas de escasos recursos económicos.

Las casas donadas deben ser nuevas y constar dentro de los planes de vivienda que se construyen actualmente. El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) calificará las características técnicas y luego notificará al Servicio de Rentas Internas (SRI) cuál es el valor que deberá restar del impuesto a la renta de las empresas del sector productivo donantes para que las compañías se beneficien del incentivo.

ADN defendió la propuesta y el correísmo habló de afectación fiscal

Durante el debate, la ponente del proyecto, Valentina Centeno dijo que el proyecto de Ley beneficiará a 700 mil familias que necesitan un techo gratuito. "Será una herramienta complementaria al plan nacional habitacional del Gobierno," que busca reducir el déficit de vivienda en el Ecuador. 

La oficialista aseguró que se trata de un incentivo tributario para reducir el total del precio de la vivienda donada, lo cual permitirá asociarse con el sector privado y motivar la construcción de vivienda de manera más eficiente y rápida.

Centeno explicó que el MIT aprobará las especificaciones técnicas de las casas, mientras que el de Gobierno definirá quiénes serán los beneficiarios que recibirán las viviendas, tras un análisis de las personas más vulnerables que consten en el Registro Social. 

Luego intervino el asambleísta excorreísta Sergio Peña. El legislador aseguró que la Ley no busca beneficiar a los empresarios sino solucionar el déficit habitacional, estimulará la creación de trabajo porque "se podrían generar 200 mil empleos más (...) y resuelve un problema de los ecuatorianos" ya que 13.000 viviendas han sido afectadas por el invierno.

Ante el Pleno, la Revolución Ciudadana (RC) expresó su oposición al proyecto, como lo había anticipado en el tratamiento de la propuesta. Una de sus integrantes, Mabel Méndez, manifestó que su bancada no apoyará la propuesta porque deja abierta una vía para que la política pública se transforme en beneficio tributario. 

"Ese dinero le pertenece al Estado, no es un regalo, es un dinero que se deja de recaudar y de invertir en educación, salud, no hay transparencia en el impacto fiscal No se puede permitir que el derecho sea condicionado a beneficios fiscales, es ley con dedicatoria a grupos empresariales", leyó la asambleísta correísta.

En la misma línea se pronunció la legisladora de Esmeraldas, Paola Cabezas. Calificó al proyecto de ley como "una prebenda al sector de la construcción, que tiene devolución inmediata del IVA cuando construye viviendas de interés social". Aseguró que este sería el tercer incentivo que se entrega a ese segmento empresarial. 

"No busca solucionar el déficit habitacional, nace de un compromiso, prebendas a los amigos del presidente, es un subsidio regresivo", manifestó y aseguró que si la aprueban presentarán una demanda de inconstitucionalidad.

En el Pleno otros asambleístas participaron en el debate, entre ellos, los oficialistas Álex Morán, Jorge Chamba, Alejandro Lara, Ana Belén Tapia, Andrés Guschmer, Eckenner Recalde, Nathaly Farinango, Andrés Castillo; también los correístas Ana Belén Yela, Pamela Aguirre, Eustaquio Tuala; así como Mariana Yumbay, de Pachakutik; José Nango (independiente), Selena Cartagena.

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