En lugar de definir la fecha y hora, llegó con más demandas. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, anunció ayer que no aceptará los llamados al diálogo de organizaciones “con nula legitimidad” y estableció una serie de condiciones al Gobierno antes de propiciar un acercamiento que ponga fin a las protestas que escalan en violencia.

La respuesta llegó ante el exhorto de siete organizaciones, que agrupan a unas 300 más, entre las que se incluye a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Estas lanzaron la iniciativa Comisión Convocante para invitar a las partes en conflicto a llegar un acuerdo con la asistencia técnica de la Unión Europea y las Naciones Unidas.

Incluso, la metodología estaba adelantada. Lo primero sería conversar de forma bilateral con las dos partes y acordar las reglas del juego y mecanismo que generen confianza. Lo otro que se planteaba era acordar los temas a ser tratados en la mesa de diálogo.

“Solo después de eso se crearán mesas de trabajo, que incluyen procesos que permitan la consulta con las bases y se respeten esos procesos orgánicos”, señaló Ana Patricia Muñoz, presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil.

La mañana de este miércoles 22 de junio, al décimo día del paro nacional, el ministro de Gobierno Francisco Jiménez hizo una invitación para que hoy inicie el diálogo. "Resolvamos esto de una vez por todas, con paz, con voluntad y con seguridad”, añadió.

EXPRESO pudo conocer extraoficialmente que la madrugada del lunes, el Ejecutivo y delegados de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) tuvieron un acercamiento, aunque no trascendieron los detalles de ese encuentro.

El presidente Guillermo Lasso fue el primero en responder afirmativamente al llamado de las organizaciones. Iza dijo que lo haría a las 18:00 para definir el lugar, la fecha y la hora, pero apareció casi dos horas más tarde con nuevas exigencias que pueden alejar la posibilidad de un entendimiento.

“Solicitamos al Gobierno que garantice las condiciones de cumplimiento de nuestros derechos. Eso supone la voluntad para bajar la represión, derogar el estado de excepción y la desmilitarización del parque de El Arbolito”, dijo el dirigente indígena.

Esto último para que las organizaciones sociales que apoyan a la Conaie en las protestas puedan mantener asambleas populares en las que se definan los mecanismos de cumplimiento de las diez demandas de los indígenas.

Incluso se dio tiempo de referirse a la Iglesia católica, que es una de las que ha extendido un llamado al diálogo. Le pidió que abra los templos para que los manifestantes que han llegado desde diferentes puntos del país puedan descansar en ellos.

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dijo antes que están abiertos a dialogar, siempre y cuando las movilizaciones y actos de vandalismo paren. “Pueden instalarse (las mesas de diálogo) inmediatamente. Para dialogar se necesitan dos partes y estamos dispuestos, pero no puede ser con imposiciones ni con el secuestro de todo un país ni de todo un Gobierno”, había señalado el funcionario.

La Asamblea Nacional también busca ser parte de las iniciativas de diálogo. La noche del lunes, luego de que no pudo derogar el primer estado de excepción, emitido por Lasso, aprobó moción para recibir a representantes de Naciones Unidas, Cruz Roja, cámaras de Comercio y la Producción con el objetivo de que den sus aportes para entablar mesas de diálogo.

Este encuentro se produjo ayer en la tarde de forma virtual y reservada. Además de las entidades nacionales e internacionales acudieron los jefes de bloque de la cinco bancadas legislativas. Ahí recibieron la información de que había la invitación hecha por la Comisión Convocante y los legisladores contaban con que las dos partes plegarían a esta iniciativa, algo que finalmente no sucedió por parte de Iza.

Policía descarta el uso de explosivos

Según Leonidas Iza, la decisión del Gobierno de impedir la ocupación de la Casa de la Cultura y el parque de El Arbolito a los manifestantes habría exacerbado los ánimos a nivel nacional.

Responsabilizó al Estado por la muerte de dos manifestantes. El último en la ciudad del Puyo, según denunció la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía del Ecuador (Confeniae).

Al respecto, la Policía Nacional emitió ayer un comunicado informando que el deceso se habría producido efectivamente en el marco del paro nacional, pero cuando la víctima presumiblemente manipulaba material explosivo.

“La institución policial informa que no utiliza material explosivo para el control del orden público y menos aún se ha utilizado en las marchas y manifestaciones pacíficas de los ciudadanos”, señaló.

No obstante, el hecho será investigado por las autoridades policiales y judiciales, se advirtió.