El propósito del Gobierno nacional para combatir la corrupción se estrella contra las barreras creadas en los mandos intermedios de los mismos ministerios cuyos servidores se supone deberían estar de acuerdo en erradicar la corrupción en todos los niveles y manifestaciones, no lo hacen y protegen a los servidores corruptos.
Caso de Ripley es el ocurrido en un municipio de la provincia de Pichincha, en donde luego de la sustracción de unos bienes por parte de un trabajador, que en su confesión acepta haber hurtado tales bienes, el pedido de visto bueno propuesto ante la Inspectoría General del Ministerio del Trabajo, es negado por la inspectora que tuvo a cargo el conocimiento y resolución de esta causa, aduciendo prescripción de la demanda por el tiempo transcurrido entre el cometimiento del delito y la notificación del visto bueno al trabajador, conociendo ella misma que la notificación se demoró por culpa de esa inspectoría que no pudo notificar en forma eficiente y oportuna en los plazos que el Ministerio tenía para hacerlo y se demoró en ese cometido que no es de responsabilidad de la autoridad que solicitó el visto bueno.
La resolución ordena enviar al archivo la causa. Señor director, ¿así se puede combatir la corrupción que afirma el presidente Lenín Moreno?
Gustavo Chiriboga Castro
