La Contraloría informó que envió ocho informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) a la Fiscalía. Los documentos corresponden al análisis de 44 contratos suscritos por el Hospital Básico de Durán del IESS, entre 2018 y 2020.

En estas compras de medicamentos, insumos y equipos médicos, el equipo auditor identificó que los proveedores presentaron documentos falsos y certificados adulterados para validar una experiencia que no tenían, “lo que no garantizó la calidad de los productos”, dijo la Fiscalía.

Los 44 contratos significan un monto de compras que asciende a los 9,6 millones de dólares. “Como resultado del control, se establecieron indicios penales en 10 procesos para la adquisición de insumos médicos, medicamentos y protectores absorbentes para cama, destinados a las áreas de atención de salud de los afiliados”.

La Contraloría dice que estas irregularidades ocurren por fallas en las comisiones técnicas o evaluadoras. “No verificaron que la documentación entregada por los oferentes esté debidamente acreditada, lo que ocasionó que se adjudiquen contratos a proveedores que presentaron certificados de experiencia y de distribuidor autorizado, cuya veracidad no pudo comprobarse”.

EXPRESO publicó una serie de reportajes en donde abordó el uso de certificados falsos, medicina sin registro sanitario y subastas inversas en donde concursan un grupo pequeños de proveedores, casi siempre personas naturales.

Sobre el uso de documentos falsos, este Diario reveló que incluso existen laboratorios químicos o farmacéuticas que han presentado denuncias en contra de personas que dicen ser sus distribuidores, pues este es uno de los requisitos que se suele pedir para calificar al oferente.

Para la compra de 5.400 protectores absorbentes, se elaboró un presupuesto referencial, utilizando proformas en las que se tomó el nombre de establecimientos que, durante el examen de auditoría, certificaron no haberlos emitido.

La acción de control también señaló que los responsables de los procesos no solicitaron permisos de funcionamiento a los proveedores. Además, los dispositivos médicos entregados por los contratistas no cumplieron las características técnicas requeridas, lo que no garantizó la calidad de los productos.

“Los IRP se desprenden del examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución; su liquidación y pago, para la adquisición de bienes, servicios, consultorías, medicamentos, insumos y equipos médicos, por el período de enero de 2017 a agosto de 2022”, indicó la Contraloría. 

El IESS, en un comunicado, reaccionó a través de un comunicado. Recalcó que los hechos ocurrieron en las administraciones anteriores. “El IESS promueve la transparencia y reitera que brindará todas las facilidades y apoya a los organismos de control del Estado, en el marco de sus competencias”.