Eran los ahorros de toda su vida, pero una inversión truncada acabó con los $ 14.500 que tenía. Desde hace 4 años, Maritza Centeno no posee ese dinero, tampoco la casa que le prometieron en Ciudad Victoria. Y no es la única. Ella es parte de una lista de 70 personas que dicen haber sido perjudicadas por este proyecto habitacional.

Algunas denuncias datan del año 2012, pero estas no han dejado de llegar hasta la Defensoría del Pueblo (DPE), institución que en junio pasado decidió acumular estos casos en un solo expediente para iniciar una investigación de oficio. En este caso se describe a esta urbanización como un proyecto privado con fin social, pero que llegó a levantarse con fondos públicos, y que, como en muchos otros casos, cayó en irregularidades en el proceso de construcción y comercialización.

La DPE dice que en los últimos tres años a nivel nacional se han presentado 296 quejas contra empresas inmobiliarias, 227 de ellas en Guayaquil. Solo en 2018, en esta ciudad suman 51 denuncias que, por lo general, tienen que ver con la demora en la entrega de las casas, defectos constructivos de estas, mala calidad de los materiales, falta de servicios básicos y dificultades para recuperar su dinero.

Este no es un problema de ahora, sostiene Lourdes Rangel, especialista en usuarios y consumidores de la Defensoría, quien recuerda que esto llegó a destaparse a partir de 2015 con Terrabienes (dueña del proyecto Arcos del Río) y Promaga (Andalucía), los dos casos más sonados que llegaron a judicializarse por la magnitud del “delito de estafa”. Más de 1.000 personas resultaron perjudicadas.

Esto, explica Rangel, hizo que la Superintendencia de Compañías, encargada de la regulación de este sector, emitiera una resolución para normar la preventa, una medida que -junto a la reciente crisis inmobiliaria que frenó las ventas- incidió en que las denuncias disminuyeran. “Pero como vemos, las quejas no desaparecen”. Y esto, asegura, se da por un desfase de control entre entidades como la propia Superintendencia y los Municipios, encargados de administrar el territorio. “No se trata solo de dar autorizaciones de construcción sino de garantizar que eso se cumpla, y que si no se cumple, que el usuario pueda acudir a una instancia de control que hará respetar sus derechos”.

Desde junio de 2014 (caso Urbanis, Sambo City, de Isidro Romero), EXPRESO viene difundiendo el incumplimiento de obras por parte de varias empresas. Y desde finales de 2017 en los incumplimientos en que ha incurrido Rumbea & Rumbea en dos proyectos específicos: Bosques de Rioja (Samborondón) y Costa Plaza (vía a la Costa).

Hasta el pasado viernes, 45 familias de esta última urbanización esperaban que la empresa cumpla con entregar la piscina, que hoy es una fosa revestida con fierros viejos y maleza, y con la dotación de servicios tan básicos como electricidad y agua potable. Se siguen abasteciendo con tanqueros.

Según los registros del Municipio de Guayaquil, este proyecto fue aprobado en el 2012 como un conjunto residencial, pero la empresa nunca culminó con la fase de inspección final, lo cual la imposibilitaba de continuar con el proceso de venta y habitabilidad. Algo parecido sucedió con Ciudad Victoria, urbanización que opera sin permiso.

Así lo asegura José Rubio, director de Urbanismo, quien explica que este Cabildo ha creado ordenanzas al respecto como la de exigir a las constructoras a tener un avance del 50 % de la obra y garantías bancarias para poder operar, pero aclara que es la Superintendencia el ente que debería velar por total cumplimiento de leyes que a nivel nacional prohíben a las empresas vender sin permiso municipal. “Si las empresas no hacen una buena labor, debe ser la Superintendencia la que sancione a las compañías”.

Este Diario hizo varias consultas a este ente de control, pero esto no dio más detalles. En un correo electrónico previo, se admitió de los vacíos y de la debilidad de normativas para ejercer fiscalización. Por ejemplo, se cita la inequidad que existe desde las cláusulas de contratos que imponen penalidad a las personas que dejan de pagar sus cuotas, pero ninguna sanción cuando una inmobiliaria se retrasa meses o años para entregar una obra. Se aclara que la Superintendencia como ente de control se desenvuelve única y exclusivamente dentro del marco legal con el que cuenta. En ese sentido lamenta que se haya derogado un texto inicial de una de sus resoluciones que, en el 2014, exigía la constitución de fideicomisos para proteger el dinero del cliente, hasta que la empresa demuestre que su proyecto es viable. “Esta medida proporcionaba un control adicional y servía como una contingencia para los prominentes compradores”, dice. Actualmente, agrega, se cuentan con medidas administrativas que “son correctivas y no preventivas” que resultan insuficientes para resarcir los perjuicios causados que dejan ciertas inmobiliarias.

Enrique Pita. Presidente de la Cámara de la Construcción.

“Se requiere de un manual que regule las prácticas”

Tanto la Superintendencia como el Municipio de Guayaquil hablan de la necesidad de que cada cliente aplique sus propias precauciones para evitar ser estafado por inmobiliarias poco serias. No obstante, desde la Cámara de la Construcción se hace un mea culpa y se admite la necesidad de contar con nuevos mecanismos que normen el procedimiento de las empresas de este sector. El prestigio está en juego.

Así lo reconoce Enrique Pita, presidente de este gremio, quien cree que el incumplimiento en que están incurriendo ciertos promotores está comprometiendo la buena imagen del sector. “Y eso es algo que debemos admitir, que no podemos negar”, dice.

Hasta la Cámara, señala, también han llegado algunas quejas por demoras en la entrega de obras, fallas en la infraestructura, pero aclara que su gremio no cuenta con la suficiente institucionalidad para controlar y hacer que se corrijan este tipo de irregularidades. Existe la necesidad, sostiene, de contar con un manual que regule procesos, tanto en la etapa de preventa como posventa.

Desde la Cámara se hace lo que se puede. En ese sentido están trabajando para implementar en tres meses la obtención de una certificación que permita a las promotoras serias avalar sus operaciones. Este sello ya se lo aplicó en Chile y Perú y la idea es hacer que surja algo similar en Ecuador. Para ello se está dialogando con firmas auditoras que evaluarán las prácticas de las empresas interesadas, en base a estándares internacionales. Esto ayudará a que algunas firmas continúen conservando su imagen de eficiencia y buen servicio.