Uno encuentra de todo en la bodega infinita. Medias, bancos de plástico, zapatillas, peluches, almohadas, termos, libros y hasta calzones. Lo más visible, sin embargo, son las carretas. Las hay de todos los colores y tamaños, igual que las parrillas asaderas. Muchas de estas últimas deleitaron a amantes del maduro con queso o la tripita en alguna vereda de Guayaquil antes de llegar hasta este enorme canchón.

Es una bodega infinita porque cada día llegan cientos de productos de vendedores informales, debido a los “retiros” temporales que realizan los 480 agentes de la Policía Metropolitana en los recorridos de las 32 camionetas que posee la entidad.

El recinto jamás está vacío. Solo en 2016, fueron retenidos 61.005 enseres a vendedores informales, según reporta a EXPRESO el coronel Roberto Viteri, subdirector de ese departamento municipal. Curiosamente, ni el 20 % de los comerciantes afectados se acerca a iniciar el trámite para poder acceder a la devolución. Lo que no se reclama se destruye.

Sin embargo, a las comisarías municipales no llegan ni diez casos al día, según el secretario de la Comisaría Séptima, Guillermo Peláez. ¿Por qué? Quizá por tedio. Para que el trámite arribe al Cabildo es necesario que el vendedor informal reconozca su producto en el Cuartel Metropolitano. Sin el acta firmada, la mercadería simplemente engrosa el espacio ocupado de la bodega, que dentro del cuartel cuenta con un canchón y una especie de coliseo.

El papeleo del que huye la gran mayoría de informales consiste en identificar lo retenido, firmar un acta de constancia, esperar a que llegue el caso a una de las comisarías del Municipio, presentar una serie de documentos (que incluyen la factura del producto y el certificado de no reincidencia) y pagar una multa que va desde $ 40.

El trámite continúa cuando la comisaría emite una orden de devolución al cuartel. El proceso toma alrededor de una semana, si hay suerte. Recuperar los enseres es un embrollo para los vendedores. Al menos así lo describe Manuel Bermeo, quien tiene una vitrina de pasteles recién horneados en la parte trasera de su bicicleta.

Este comerciante hace estación en el parque Samanes. Cuando ve que los metropolitanos se acercan, se monta en sus pedales y huye como una fiera: “Una vez me quitaron mi vitrina. Nunca fui a que me devolvieran. ¿Por qué ir? Dan demasiadas largas. Me sale más barato comprar otra...”.

Si a él, que tiene una vitrina, no le preocupa, a los que llevan la mercancía en las manos menos. Mauro Mora lleva 15 años como vendedor ambulante. En un operativo fuera del parque Samanes, le retiraron 35 funditas. Lo reconoce. Iniciar un trámite largo para ese tipo de casos es “casi imposible”.

Para la vicealcaldesa Doménica Tabacchi, el paso a paso le parece necesario. “Tenemos que asegurarnos de que quien está reclamando es el verdadero dueño, por eso pedimos los documentos”.

El director de Justicia y Vigilancia, Xavier Narváez, es quien delega los casos de este tipo que llegan del cuartel. “Las comisarías primera, segunda, tercera, cuarta y séptima son las que reciben estos procedimientos. La mayoría de vendedores conoce el trámite, porque casi siempre los contraventores son los mismos”, detalla.

Es real. El personal del cuartel asegura que hay muchos casos en que un solo dueño tiene hasta diez carritos vendedores funcionales. Solo en lo que va de 2017 se han retirado 24.911 objetos a comerciantes de la calle.

Lo que no se retira entra en lo que podría describirse como ‘la operación erradicación de la informalidad’, que se lleva a cabo cada tres meses, a puerta cerrada, dentro del cuartel.

Se trata de una jornada de exterminio a la que acude personal de Obras Públicas, Justicia y Vigilancia, el jefe de la Bodega del cuartel y un delegado de la dirección de la policía municipal. Se chatarriza y luego de eso va al botadero. “Nunca ha habido un reclamo”, asegura el coronel Viteri.

Este proceso de destrucción solo puede llevarse a cabo luego de que el alcalde haya enviado a publicar una lista de los “objetos que serán declarados en abandono”, por tres días consecutivos, en medios de comunicación impresa. A fines de marzo hubo un aviso de este tipo en este Diario.

“Conforme a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento que regula las condiciones para el control y destino de bienes que ocupan espacios públicos sin el correspondiente permiso municipal retirados temporalmente por la Policía Metropolitana, estos -que tienen más de 30 días sin ser reclamados- serán declarados en abandono y destruidos”, escribió el Cabildo en ese documento público.

Allí había desde auriculares hasta carretas de jugo de coco, en un total de 6.039 numerales, cada uno de los cuales tenía entre dos y seis objetos.

Lo único que no se retira, aclara el subdirector, son los cachorros: “No se puede traer animales al cuartel. Y la ciudad no tiene albergues. Los informales se los quedan”.

A inicios de abril se realizó la destrucción de los bienes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Eran más de 6.000 enseres. En lo que va de este año, la gran bodega de lo infinito ya tiene de vuelta 24.911 artículos en la lista de retiros temporales.

“Somos los primeros generadores de seguridad”

El polémico trabajo que realiza la Policía Metropolitana de Guayaquil con la venta informal está respaldado por los artículos 2 y 3 del Reglamento que regula las condiciones para el control y destino de bienes que ocupan espacios de uso público sin permiso municipal.

Tal y como adelantó EXPRESO esta semana, a veces esa labor se ve manchada por individuos que cobran para mirar hacia otro lado y, fruto de estas prácticas, son expulsados. El 60 % de los despidos en el Cuerpo responde a agentes que se dejaron coimar por los vendedores.

Aun así, el trabajo es arduo e “incomprendido”, sostiene el coronel Roberto Viteri, subdirector de ese departamento del Cabildo. “La mayoría desconoce que somos los primeros generadores de seguridad de la urbe”.

Pone como ejemplo la calle Olmedo. Desde Noguchi hasta el Malecón, ese sector antes era “simplemente intransitable”. Una zona roja en todos los sentidos. “El comercio informal daba lugar a la proliferación de la delincuencia. Había mucho lancero y mucho robo en ese lugar... Vaya a ver cómo está ahora. Nosotros la ordenamos. Hasta la Policía Nacional lo reconoce”, defiende.

Afirma también que desde que no se permite que se tomen las aceras, la gente puede circular. “Lo mismo ocurre en las calles Ayacucho, Julián Coronel y muchas más...”.

El lugar que intentan cambiar ahora es la calle Alcedo, entre Pío Montúfar y 6 de Marzo. Actualmente está identificada como una zona roja. “Un trabajo difícil”.

La informalidad alcanza el 45,6 % en el país.