Guerra de California con Trump
Si miramos más allá de los titulares de la cobertura de tiempo completo que los medios dedican a Donald Trump, discerniremos un cambio global en las fuerzas políticas, económicas y culturales que podría tener muchas más consecuencias para Estados Unidos y el mundo que la propia presidencia de Trump: el deterioro de las relaciones entre gobiernos central y subnacional, y nacional y supranacional. Los norteamericanos interactúan, principalmente, con el Gobierno estatal y local a través de escuelas y carreteras, la policía y los hospitales. Y en California, entre otros estados, las demandas de una mayor autonomía local se están volviendo más ruidosas y, ocasionalmente, hacen eco de la retórica secesionista catalana o de los defensores del “brexit” en el Reino Unido. Los demócratas, con control casi monopólico de los gobiernos estatal y local de California, están intentando invalidar los efectos de prácticamente todas las políticas de Trump, como un proyecto de ley en la legislatura estatal que compensaría el límite de la nueva ley tributaria federal sobre deducciones de impuesto a ganancias y a la propiedad -que afectará mucho a California por tener una de las tasas de impuestos más altas del país, y sus residentes poseer hogares muy costosos-. Según la ley, los californianos podrían “donar” sus impuestos estatales a una organización benéfica ficticia como aportes de caridad deducibles de impuestos. Pero el IRS rápidamente detectará la trampa. Las donaciones son deducibles a nivel federal solo si el donante no recibe más que un valor incidental por el aporte, lo que obviamente no sucedería. Si bien la mayoría de inmigrantes ilegales trabaja para mantener a sus familias y mejorar la vida de sus hijos, algunos cometen delitos graves o pertenecen a pandillas violentas. Trump se centra en los últimos para reclamar mayor seguridad fronteriza, invocando ejemplos de norteamericanos asesinados por inmigrantes ilegales que han regresado tras ser deportados varias veces. Los opositores de Trump sostienen que los propios inmigrantes ilegales muchas veces son víctimas -o testigos- de delitos graves, pero se niegan a ir a la policía porque temen la deportación. Desde que se autonominó “ciudad refugio” en 1989, San Francisco ha prohibido que su fuerza policial coopere plenamente con los agentes de inmigración federales. Y desde 2017 todo el estado ha sido declarado “refugio”,. El procurador general de California ahora planea multar a los empleadores que cooperen con los agentes de inmigración federales. Las tensiones entre los organismos de seguridad federales y estatales están en aumento y muchos californianos terminan encontrándose en la posición insostenible de pagar multas estatales o violar leyes federales. Ambos lados tienen razón pero han dejado de interactuar. Cuando la Casa Blanca de Trump hace poco propuso un plan para una reforma inmigratoria que ofrecía algo a ambas partes, fue denunciado al instante por activistas antiinmigración y por cruzados proinmigración. El plan es la propuesta de reforma inmigratoria más realista en décadas. Si los demócratas controlaran su odio, reconocerían que la credibilidad de Trump entre los republicanos antiinmigración lo coloca en posición ideal para negociar un paquete bipartidario. La Corte Suprema de EE. UU. en varios casos ha dictaminado que los estados no pueden anular o desobedecer una ley federal. La retórica de la “resistencia” a Trump probablemente se vuelva mucho más acalorada y las cortes posiblemente se encuentren muy ocupadas en determinar qué es legal y qué no.
