Si bien es cierto que el Estado debe 856´950.176,16 dólares a las 221 alcaldías, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) también determina que los municipios pueden generar sus propios ingresos. Por lo que, para juristas, la situación en la que se encuentran algunas entidades demuestra la poca capacidad de gestión de estas.

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Según declaraciones del ministro de Economía, Juan Carlos Vega, los 160 municipios más pequeños del país dependen en un 95 % de las asignaciones que realiza el Estado. Para Christian Quimí, abogado y docente de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, esta cifra es “demasiado” alta y aunque hay una falta de cumplimiento en la entrega a tiempo de las asignaciones por parte del Estado; sin embargo, “el mismo ordenamiento jurídico les da la capacidad a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) de realizar su actividad de forma autónoma creando tasas y contribuciones especiales de mejoras, además de saber gestionar los impuestos que da la ley y otras fuentes de ingresos es posible”.

Pero el problema radica en que los alcaldes no están lo suficientemente preparados para crearlos, porque también existen los ingresos no tributarios, no fiscales, que se cobran a los ciudadanos cuando no cumplen la norma de edificación, de tránsito, de tener el lote de propiedad cercado, no con abundancia de maleza… establezca sanciones, indica Quimí. Estas multas serían ingresos para el Cabildo, por lo que “la culpa que tiene el Estado central no purga a la culpa que tienen los gobiernos autónomos descentralizados de tener la capacidad de autogestionarse para cumplir sus necesidades básicas”.

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Miguel Ángel Solórzano, exalcalde de Santa Lucía, cantón de la provincia del Guayas, señala que los impuestos locales son los más importantes, sobre todo los impuestos sobre la propiedad urbana y rural. No obstante, el inconveniente que tienen muchos municipios es que no actualizan los catastros o por compromisos que los burgomaestres tienen con la gente no los quiere tocar.

Aunque, los ingresos de los gobiernos locales dependen de la cantidad de habitantes; no obstante, a través del cobro de las vallas publicitarias, como de los espectáculos públicos también hay mayor cantidad de ingresos, agrega Solórzano.

Ante esto, se debe analizar qué gestión está haciendo cada uno de los GAD; si están aplicando esa facultad recaudatoria que tienen o a dónde se están yendo los recursos destinados a la autogestión, advierte Tania Guerrero, abogada, docente y directora ejecutiva de Comuna SAS, empresa que asesora proyectos para comunidades.

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Pero esto debería ser un trabajo de la Contraloría, ya que debería auditar cada gestión que se termine, para vigilar cómo fueron gestionados los recursos, pero “son un saludo a la bandera”, no auditan las gestiones anteriores y de esta forma no se puede establecer responsabilidades, sentencia Guerrero.

Para 2024, las asignaciones presupuestarias del Gobierno Central al Municipio de Guayaquil serán de 294’680.140,14 dólares, lo que representa el 43 % del presupuesto municipal, anuncia Jorge Dillón, director financiero del Municipio.

Quimí insiste en que el ordenamiento jurídico da la posibilidad para que tengan otras fuentes de ingreso para ser autosustentables y satisfacer el servicio público que la ciudadanía exige. Pero si no lo hacen evidencia la negligencia autónoma y de la autoridad local, declara.

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