El 2 de febrero de 2026, el ministro John Reimberg compareció en la Comisión de Fiscalización.
El 2 de febrero de 2026, el ministro John Reimberg compareció en la Comisión de Fiscalización.Cortesía: Asamblea/ Flickr

Fiscalización plantea intervención de competencias de GAD por “seguridad nacional”

La sugerencia se deriva del informe aprobado por el seguimiento a los municipios y sus competencia en materia de tránsito

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea planteó reformas a la Ley de Tránsito. El 1 de abril de 2026, esa mesa, controlada por el oficialismo, aprobó un informe en el que se sugiere un cambio al Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD) para incluir la figura de "reversión de competencias por Seguridad Nacional".

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La sugerencia se deriva del proceso de fiscalización que inició la comisión a las entidades municipales encargadas de las competencias de tránsito, a propósito de las presuntas emisiones ilegales de matrículas vehiculares.

El trabajo de la mesa legislativa arrancó después de la intervención del Gobierno de Daniel Noboa en los municipios de Durán y Manta. El 2 de febrero de 2026, el ministro del Interior, John Reimberg, compareció en la Comisión de Fiscalización. En esa oportunidad, él dijo: “La agencia de Durán la manejaba los Chone Killers. La agencia de Manta la manejaba los Choneros”.

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En esa misma comparecencia, Reimberg ya se refirió a la descentralización y a la entrega de competencias en tránsito a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) como un factor de riesgo para la corrupción en la emisión de documentos habilitantes.

“Uno de los principales problemas del tránsito es lo que se hizo: eso de que cada cantón pueda tener su propia agencia y manejar el tránsito”, dijo ante una pregunta hecha por la asambleísta del correísmo, Janeth Bustos.

La sugerencia de intervenir competencias de los GAD

El informe de la Comisión de Fiscalización señala que la descentralización de las competencias en tránsito se convirtió en un factor de riesgo, debido a su ineficiencia para enfrentar amenazas en el marco del conflicto armado interno.

“De forma general y de la información analizada se puede concluir que el problema de las matrículas ilegales no es un fallo informático aislado, sino una falla de gobernanza multicausal donde la falta de reporte por parte de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), seguimiento a los mismos y el vacío en la rectoría estratégica de años anteriores permitieron la consolidación de redes criminales en el sistema de tránsito”, se señala en el documento.

Para enfrentar este problema, la mesa legislativa sugiere una reforma a la Ley de Tránsito. Esta no solo plantea que la matriculación regrese al Ejecutivo como competencia exclusiva, sino que también propone una modificación al COOTAD de mayor alcance.

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“Se recomienda reformar el COOTAD a fin de incorporar la figura excepcional y temporal de reversión de competencias por Seguridad Nacional, permitiendo de esta manera genera un mecanismo legal de carácter o naturaleza urgente e inmediata, que el Gobierno Central asuma definitivamente, según el caso, una competencia delegada cuando se detecten indicios de infiltración criminal”, dice el documento.

Además, plantea trabajar en cambios que “fortalezcan el rol evaluador y vinculante del Consejo Nacional de Competencias”. Esto, con el objetivo de recategorizar competencias según “capacidades efectivas y, de ser necesario, redistribuir o centralizar parcialmente productos específicos, sin afectar de forma general el régimen de autonomía descentralizada”.

El informe se aprobó con seis votos de los diez posibles. Los cuatro legisladores de la Revolución Ciudadana votaron en contra. Tras su aprobación, el documento pasará al Pleno para definir el siguiente paso en el Legislativo.

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