Luque sobre remoción de funcionarios investigados en la ANT: "No podemos hacer más"
Más de 3.000 accesos irregulares y 50 entidades bajo revisión revelan fallas críticas en sistema de tránsito
Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas, afirmó el 22 de marzo que no puede suspender a funcionarios investigados dentro de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), pese a detectar irregularidades. La declaración se dio durante una entrevista en el programa digital Vera a su Manera, en medio del cierre parcial de servicios del organismo.
El funcionario explicó que su rol no le permite tomar decisiones sancionatorias directas. “Dentro de la Agencia Nacional de Tránsito, que nosotros no somos fiscales ni jueces, hemos detectado anomalías y en función de esas anomalías [...] hemos mandado otras instituciones para que se investigue”, señaló.
Luque fue enfático en que las irregularidades aún no han sido comprobadas judicialmente. “No podemos hacer nada [...] no se puede hacer absolutamente nada más porque ahorita son anomalías”, insistió, al referirse a la permanencia de servidores investigados dentro de la institución.
Investigación en la ANT: límites para actuar
Durante la entrevista, el ministro reconoció que incluso hay funcionarios vinculados a procesos penales. “Hay funcionarios de la Agencia Nacional de Tránsito que están presos”, dijo, al tiempo que defendió que el Ejecutivo ya ha presentado denuncias ante instancias competentes.
En ese contexto, detalló que se han remitido alertas a varias entidades de control. “Hemos denunciado ante diferentes instituciones que incluye UAF, Contraloría General del Estado [...] serios problemas”, afirmó, apuntando a posibles redes de corrupción tanto dentro de la ANT como en gobiernos locales.
El titular de la cartera también cuestionó la actuación de algunos municipios. Señaló que existen dudas sobre cómo ciertos Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) obtuvieron competencias en tránsito, en medio de prácticas irregulares detectadas.
Mafias, tramitadores y licencias irregulares
Luque describió la existencia de esquemas ilegales en la emisión de documentos. “Funcionarios [...] han venido operando con mafias que con tramitadores sacan licencia, eso de que tú mandas $300 y tu foto y te llega la licencia”, denunció.
Además, mencionó inconsistencias en el patrimonio de algunos funcionarios. “Que se chequeen los patrimonios de jefe de agencias que nosotros no los podemos cambiar”, agregó, evidenciando limitaciones administrativas para remover personal.
Según el ministro, estas prácticas no son aisladas. Aseguró que se han detectado “casos de corrupción en casi todos los trámites”, lo que motivó el cierre temporal de servicios para realizar auditorías internas.
Certificado vehicular: así operaba el fraude
Uno de los casos más reveladores es el del certificado único vehicular. Luque explicó que tramitadores cobraban valores adicionales por un documento sencillo. “Habían tramitadores que cobraban $20 por algo que cuesta $10”, detalló. El mecanismo incluía el uso indebido de accesos al sistema. “Se metían al sistema [...] sacaban el certificado [...] lo anulaban en el sistema”, indicó, lo que permitía realizar transacciones irregulares sin dejar rastro.
Ante esto, el Gobierno decidió restringir funciones a los GAD en este trámite. “Estamos impidiendo que los GATS puedan generar ese certificado [...] no tienen por qué hacerlo”, sostuvo, como medida para frenar el uso indebido de la plataforma.
Más de 3.000 accesos y 50 GAD bajo la lupa
El contexto del cierre de la ANT responde a hallazgos estructurales. Cerca de 3.000 credenciales profesionales tenían acceso al sistema Axis 4.0 sin respaldo legal ni administrativo, lo que facilitaba posibles delitos. Asimismo, el ministro confirmó que al menos 50 GAD están siendo investigados por el uso de sus competencias en tránsito. Estas acciones forman parte de una revisión integral del sistema.
Pese a las restricciones, Luque aseguró que el proceso avanza. Indicó que más del 80% de los trámites se han restablecido desde el 9 de marzo, mientras se continúa con la depuración de accesos y la normalización progresiva de servicios.
Cambios en el sistema: la solución a largo plazo
El ministro señaló que las medidas actuales son temporales. “Lo que estamos haciendo es cerrar la llave en ciertas zonas en donde sabemos que están delicados”, explicó sobre las restricciones aplicadas. Sin embargo, reconoció que la solución definitiva pasa por un cambio tecnológico. “Cambiar de un software a otro te soluciona el problema”, afirmó, aunque advirtió que ningún sistema está exento de vulnerabilidades.
Finalmente, planteó la necesidad de reformar el modelo de operación. “Queremos hacer un contrato que nos permita tener responsabilidades al contratista [...] para no depender de funcionarios”, concluyó, apuntando a una reestructuración profunda del sistema.
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