El pleno de la Comisión de Régimen Económico, la noche de este martes 23 de junio de 2020, logró aprobar el informe no vinculante sobre el veto parcial del Ejecutivo a la Ley Orgánica de las Finanzas Públicas, que tiene el carácter de urgente en materia económica. Con siete votos a favor y cinco en contra, se sugiere allanarse a 15 de las 16 observaciones planteadas por el presidente, Lenin Moreno.

El voto determinante fue el de la asambleísta Pinuccia Colamarco, alterna de Daniel Mendoza, quien el fin de semana no voto por la moción presentada por el legislador Luis Pachala (CREO) que planteaba el allanamiento a todo los textos propuestos por el Gobierno. Ella junto con la otra oficialista Ana Belén Marín, no respaldaron esa propuesta.

Sin embrago, la noche de ayer, fue la propia Colamarco quien propuso que la mesa legislativa se allane en las primeras 15 observaciones del Ejecutivo y que se ratifique en la décimosexta que guarda relación con la progresividad de la disminución y los plazos de la deuda pública.

Los asambleístas Patricio Donoso, Luis Pachala (CREO), César Solórzano (BIN), Juan Carlos Yar (PAIS), indicaron no estar de acuerdo con la ratificación de la objeción parcial 16, pero votaron a favor para que el informe no vinculante llegue al pleno para su discusión. Se sumaron los votos de Franco Romero (BADI) y Gabriela Larreategui (SUMA), y la proponente Pinuccia Colamarco (PAIS).

En contra votaron los legisladores Vicente Almeida (PSC), Hermuy Calle,, Esteban Melo, Lira Villalba (RC) y Ana Belén Marín (PAIS)

La Comisión sugiere ratificar el texto aprobado por la legislatura, que establece que para alcanzar el cumplimiento de la regla de deuda y otras obligaciones en el plazo establecido, el Ministerio de Economía y Finanzas debe tomar en cuenta el crecimiento de largo plazo de la economía, expresado en valor nominal y un parámetro estabilizador de deuda en el mediano plazo. Para lo cual en el plazo de 90 días el ente rector de las finanzas públicas emitirá la normativa correspondiente. Para la ratificación se necesita de 90 votos favorables.

Mientas que se sugiere allanarse a las objeciones del Ejecutivo sobre la reducción de CETES, se precisa que dentro de los primeros 90 días del ejercicio fiscal 2021 se presentará la estrategia para reducir y eliminar los saldos de CETES que hayan sido colocados hasta el 31 de diciembre de 2020 y con aprobación del Ministerio de Finanzas, permitiendo tener un plan viable para su manejo. En cuanto a las Notas del Tesoro, el Ejecutivo propone una modificación para aclarar su temporalidad a partir del 1 de enero de 2021.

En torno a techos y límites de gasto de las instituciones públicas, la propuesta del Ejecutivo especifica que el Ministerio de Finanzas también establecerá los techos presupuestarios de las empresas públicas de la Función Ejecutiva. Sobre la priorización de programas y proyectos de inversión, se propone que los planes de inversión, además de garantizar y observar la eficiencia del gasto también se ciñan al techo institucional, respetando autonomías y garantizando el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo.

En cuanto a los programas de capital se precisa que son un instrumento que permite al Estado tener una planificación de acciones que permita refinanciar o mejorar los niveles de endeudamiento en beneficio de los ecuatorianos, en busca de mantener y preservar el capital del Estado. Dichos programas deben necesariamente observar condiciones financieras y económicas favorables para el Estado, sin perder de vista el objetivo que toda intervención pueda generar impactos sociales positivos, como parte fundamental para la toma de las decisiones de aplicación de los mencionados programas.

Respecto de la modificación del Presupuesto General del Estado (PGE), se señala que permitirá separar los procedimientos en los casos de aumento o disminución para porcentajes mayores al 5% y normar los correctamente en función de la situación de fuerza mayor como el que Ecuador está viviendo actualmente por causa de la pandemia del Covid-19.

Además, se establece que en ningún caso el Ministerio de Finanzas podrá intervenir en el manejo propio del negocio central de cada Empresa Pública, el objetivo se lo plantea en función de tener una vinculación directa de seguimiento y corresponsabilidad. Sobre la formulación de proformas institucionales, la objeción busca mantener uniformidad en conceptos utilizados en el presente cuerpo normativo en cuanto a gasto corriente y de capital, por gasto permanente y no permanente.

En cuanto al endeudamiento público el Ejecutivo establece de manera expresa la particularidad de que el Banco Central del Ecuador tenga las opciones de acceder de manera directa a financiamiento para liquidez, como lo establece el Código Monetario y Financiero