El Gobierno busca ampliar la facultad que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) respecto a modificar y reducir presupuestos. En su objeción parcial, aplicada al proyecto de Ley de Finanzas Públicas, el presidente Lenín Moreno, pide que el ente rector de las finanzas pueda "emitir directrices sobre los techos presupuestarios globales, institucionales y de gasto" en lo referente no solo al Presupuesto General del Estado, sino a las empresas públicas y los planes de inversión, que son instrumento de planificación. 

Se trata de una de las 16 observaciones que el presidente Moreno decidió remitir ayer, 15 de junio a la Asamblea Nacional. En el texto, uno de los cambios puntuales que se mantiene, es que el Ministerio pueda aumentar los ingresos y gastos  fijados en el Presupuesto hasta en 5 % de las cifras aprobadas por la Asamblea Nacional (actualmente ese tope es del 15 %). Otro tema sin modificarse en el veto es la independencia que seguirán teniendo los GAD's y la Seguridad Social. 

En la séptima observación, el Ejecutivo mejora el capítulo donde se habla del reconocimiento de deudas contraídas por el Estado. Pide incluir un párrafo donde se explica que el endeudamiento público también incluye las "obligaciones no pagadas y registradas de los presupuestos clausurados, así como las deudas contraídas con las entidades de la Seguridad Social Ecuatoriana (IESS, ISSFA, ISSPOL)". Bajo ningún mecanismo, se añade, se podrá desconocer la deuda de ejercicios clausurados con estas instituciones". 

Otro factor que se mantiene es que el saldo consolidado de la deuda pública no podrá superar el equivalente al 40% del PIB, actualmente ese porcentaje llega al 52%. Esto, según la objeción número 11, debe aplicarse también al sector no financiero y Seguridad Social. 

La propuesta legal se envió en el marco del acuerdo que suscribió Ecuador con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en febrero de 2019. Su aprobación era considerada importante para que el Gobierno mantuviera una buena relación con el organismo a la hora de renegociar su programa que debe ajustarse a la nueva realidad que vive el país, golpeado por la crisis del coronavirus.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) deberá reunirse y remitir el veto a la Comisión de Régimen Tributario, que fue la que tramitó el proyecto. Allí se deberá elaborar el informe en el que se establezca en qué observaciones se allana o no. La Asamblea tiene 30 días de plazo para pronunciarse.