Un grupo de profesionales politécnicos, de Guayaquil, que ha formado una Comisión Técnica Pro Optimización del Sector Eléctrico, envió a Daniel Noboa, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo de la Asamblea, una misiva para plantear soluciones de fondo a la problemática del sector.

Este grupo de profesionales de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, con especialidad en ingeniería eléctrica, está formado por Sergio Flores, exrector de la Espol; José Layana, Juan Saavedra Eduardo Piedra y es coordinado por el ingeniero mecánico Carlos Villacís, expresidente de la Confraternidad Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol).

“La aplicación del pliego tarifario a nivel residencial ha dado origen a reclamos por parte de la población; la propia CNEL ha reconocido la necesidad de revisión de las planillas por los reclamos presentados, lo cual pone en evidencia que el problema suscrito está en el mismo pliego tarifario que debe ser reformulado en su totalidad.” 

El grupo encuentra inconvenientes, principalmente los siguientes puntos:

• Un acentuado deterioro en la calidad de la administración de las empresas eléctricas, como consecuencia de la interferencia política, "con signos de corrupción que produce una gran rotación o cambio de las autoridades del sector eléctrico nacional, tanto en el nivel de la toma de decisiones políticas, como corresponde a ministros, viceministros, y Subsecretarios, como en el nivel de la gestión empresarial en la generación, transmisión y distribución".
• La situación política induce a un deterioro en la calidad de la atención al cliente final, como consecuencia del incumplimiento en la ejecución del plan de expansión y que es proveer a los consumidores o usuarios finales un servicio público de energía de alta calidad, confiabilidad y seguridad; así como el servicio de alumbrado público general.

Los expertos consideran que, por otro lado, el pliego tarifario considera la tarifa residencial bajo el esquema de quién más consume más paga, llegando en la etapa invernal a valores que sobrepasan los 40 centavos el kilovatio hora (kWh), "debido a la elevación de consumo y la aplicación del pliego tarifario en exponencial". 

Los cambios climáticos -señalan- afectan también a los abonados de bajo consumo que reciben el beneficio de la tarifa de la dignidad, aplicable a quienes consumen hasta 130 kWh/mes en la costa, y que si sobrepasan el límite de consumo automáticamente pierden el subsidio y para recuperarlo deberá pasar 11 meses para demostrar que han bajado su consumo", esto es, mantener el subsidio y perderlo si 11 meses mantiene un consumo mayor.

La tarifa por definición en Ley del Sector Eléctrico, establece que las mismas deben ser el resultado de costos eficientes en las etapas de generación, transmisión y distribución y que deben cubrir costos operacionales, de mantenimiento y expansión, lo cual no se refleja en los componentes de las tarifas.

Para los expertos es necesario que la excedencia de producción hidroeléctrica se aplique para promover el desarrollo del sector agroindustrial y acuícola ofreciéndole una tarifa similar a la tarifa de exportación a los países vecinos.

"La falta de un sistema automatizado del proceso de lectura-facturación y entrega de planillas además de incrementar los costos de comercialización, causa reclamos por parte del consumidor, este no es un problema mayor, pero si evidencia la falta de gestión para solventar los problemas del sector comercial".

Por lo indicado se propone que el Gobierno Nacional disponga se trabaje también en temas que mejoren la sustentabilidad financiera y la calidad servicio de electricidad, y se sugiere al menos los siguientes:

1. Estudiar una tarifa plana, contraria a la tarifa exponencial existente, para el usuario final del servicio, que considere los costos reales de generación, transmisión y distribución.
2. Revisar la aplicación de la tarifa de la dignidad y que sobre los excedentes de dicha cantidad de kWh se aplique el costo real del servicio.
3. Incorporar equipos de medición automática o inteligentes que evite las mediciones en sitio y sean precisos en la gestión de la facturación.
4. Transparentar los costos de generación, transmisión y distribución, así como el flujo y el costo financiero de las empresas eléctricas.
5. Revisar la Resolución 536 de la CAN y gestionar lo necesario para que las ventas que realiza el país en Transacciones Internacionales de Energía debido a sus proyectos hidroeléctricos beneficie realmente a nuestros consumidores y no a los países vecinos.

El grupo pide realizar una auditoría de gestión en los diferentes organismos involucrados, lo cual es imprescindible pues se conoce que existe exceso de personal, en gran porcentaje producto de cuotas políticas, no solamente por parte del gobierno, sino también de organismos seccionales.