Una tendencia a eliminar antes que a solucionar lo que ‘no funciona’. Las entidades estatales corren constante riesgo de desaparecer si se considera que no cumplen con ciertas expectativas coyunturales. Algunas logran sobrevivir porque no es sencillo borrarlas de la estructura del Estado, pero otras han corrido con menos suerte.

Ahora la mira se posa en el Consejo de la Judicatura (CJ). Aunque no hay nada concreto, el presidente Guillermo Lasso anunció esta misma semana que una “nueva arquitectura institucional” pasaría por la supresión de este organismo. Esa sería la pregunta estrella de una eventual consulta popular en febrero de 2023.

Según el mandatario, los constantes conflictos entre la CJ y la Corte Nacional de Justicia (CNJ) estarían incidiendo en temas como la inseguridad ciudadana y hasta en la inversión extranjera, porque no se ofrece seguridad jurídica. Calificó la existencia de esta entidad como una “novelería”.

La politóloga Natalia Sierra no duda que, en su momento, pueden existir entidades que cumplen un ciclo y se debe pensar en su desaparición, pero eso debe ser probado técnicamente y no solo desde el discurso político. Incluso, no se debería descartar mecanismos de depuración o refrescamiento antes de tomar medidas más drásticas. 

“El problema histórico del país es que no hay un plan estatal de largo plazo, sino planes de gobiernos, y eso no permite que la institucionalidad madure y se fortalezca”, señaló Sierra.

Poco antes de que surja la posibilidad de la eliminación de la Judicatura, el foco estaba centrado en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), entidad que no logra consolidarse desde su creación, por lo que surgen constantes pedidos de que desaparezca.

Por ahora ese ‘fantasma’ parece que se aleja. Lasso no ha descartado preguntar sobre este organismo, pero con respecto a sus atribuciones y funciones. La propia Corte Constitucional ha desechado la posibilidad de que se pueda plantear su eliminación a través de una consulta popular. Criterio similar se aplicaría para el Consejo de la Judicatura.

Pero bajo la lógica del ‘no funciona’, otras entidades han sucumbido al cierre de sus operaciones porque hay menos peso político y normativas que las amparen. TAME, por ejemplo, entró en proceso de liquidación en 2020, durante la administración de Lenín Moreno, y eso se debe concretar este mismo año, aunque la situación de la empresa es tan complicada que hasta la eliminación definitiva se está enmarañando.

También durante el régimen de Moreno se inició la liquidación de la Empresa Pública Ferrocarriles del Ecuador, que tuvo pérdidas acumuladas por 144,3 millones de dólares entre enero de 2012 y septiembre de 2020.

El Gobierno de Lasso ofreció que este sistema de transporte no desaparecería y el pasado 5 de enero el Ministerio de Transporte y Obras Públicas asumió la administración, aunque habrá un nuevo concepto de operación, además de que su funcionamiento y reactivación integral estarán atados a la creación de concesiones o alianzas público-privadas.

Marcelo Espinel, subdirector de Fundación Ciudadanía Desarrollo, teme que el país se esté convirtiendo en una suerte de laboratorio institucional en el que cada cuatro años se prueba un modelo institucional para ver cómo le va al país y si da resultado.

“Eso no ayuda a fortalecer el Estado de derecho y la institucionalidad. Por ahora la experiencia es que estos cambios están encaminados a deshacernos de los amigos de nuestros enemigos para colocar a nuestros amigos. Pasó con Rafael Correa y luego con Moreno. El camino debería ser ajustar el funcionamiento actual de las instituciones, mejorarlo y usar su infraestructura para aquello”, razonó Espinel.