El dilema de reformar la justicia, sin meterle la mano
El Gobierno devela algunos temas de la consulta popular. La Judicatura en la mira de las autoridades. La Corte Constitucional tendrá un papel clave
Una tentación siempre latente. El presidente Guillermo Lasso empezó ayer a delinear hacia dónde apuntaría su propuesta de consulta popular para dar una nueva “arquitectura institucional” a la Función Judicial y las reflexiones sobre cómo lograrlo sin “meterle la mano” a la justicia no se hicieron esperar.
La existencia del Consejo de la Judicatura (CJ) sería, según el mandatario, una de las principales trabas para que el sistema judicial mejore en el país. Por eso dejó entrever que uno de los temas que podría preguntar es si se mantiene o no dentro de la estructura estatal.
Se habla de eliminar la Judicatura, pero la Corte Constitucional ya ha señalado, en otros casos, que para desaparecer una entidad se requiere una reforma constitucional.
Recordó que en el pasado, existió la Corte Suprema de Justicia que tenía su propio departamento de administración y financiero y revivirla podría evitar los actuales conflictos que tiene con la Judicatura para su funcionamiento.
El Ejecutivo asegura que todo esto está en consultas y construcción, pero el abogado constitucionalista André Benavides teme que el país esté a puertas de una tercera injerencia política en la justicia de los últimos años.
Recordó que la primera se produjo en 2011, durante el Gobierno de Rafael Correa y también en la administración de Lenín Moreno, cuando desde el Consejo de Participación Transitorio se dispuso la evaluación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), proceso que fue declarado inconstitucional recientemente.
Una consulta no va a hacer el milagro. Si usted le pregunta a la gente si quiere una justicia independiente, seguro le dirán que sí, pero el problema es mucho más profundo que eso.
¿Quién puede evitar que vuelva a ocurrir? “Desde mi punto de vista, el control que ejerza la Corte Constitucional, para evitar preguntas inconstitucionales y garantizar la independencia de funciones, es lo único que puede evitar que exista una nueva metida de mano a la justicia, como ha sucedido en los últimos dos gobiernos”, señaló Benavides.
El Ejecutivo justifica plantear una consulta con este como eje central porque la situación de la justicia tendría impacto directo en los índices de inseguridad ciudadana y en el desarrollo económico, porque no se ofrecen garantías para la inversión extranjera.
Dependiendo del contenido de las preguntas se podrá determinar si hay intención de meter la mano en la justicia. En tal caso, el filtro más importante será la Corte Constitucional.
Pero el experto en temas constitucionales Iván Castro Patiño está convencido que llevar el tema a las urnas no dará una solución integral a la problemática, aunque si continúa la idea de hacer la consulta popular sugiere que se deberían involucrar las organizaciones de la sociedad civil para que exista una propuesta lo más coherente posible.
“Las veedurías siempre serán importantes, siempre y cuando estas no estén parcializadas a favor o en contra de algún sector. Se debe pensar en veedurías independientes que representen a los ciudadanos”, señaló el jurista.
